El presidente de la Confederación hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, ha comunicado que recurrirá la sentencia de la contaminación en el embalse de As Conchas (Ourense) ante el Tribunal Supremo (TS) y ha afirmado «tener los deberes hechos, no como otras administraciones».

En una rueda de prensa celebrada este martes en Ourense, Quiroga ha explicado que pese a que la sentencia «tiene la virtud de poner un problema que estaba soterrado encima de la mesa», en una escala de «gran importancia a nivel nacional», no están de acuerdo con el fallo.

En concreto, han argumentado que esto se debe a que la Confederación estaba citada a declarar y «finalmente no se le permitió hacerlo»; «no se han tenido en cuenta las alegaciones que esgrimió la propia entidad»; y tampoco las «competencias del organismo». Además, ha recriminado que la sentencia por primera vez «elimina el principio de quien contamina paga».

Con respecto a la imposibilidad de declarar, el secretario de la entidad, Emilio Domínguez, ha desarrollado que la abogacía del Estado solicitó en la vista la práctica de dos pruebas: una documental que era la aportación de un informe técnico de la Confederación y la declaración testifical de dos funcionarios. Sin embargo, la Sala no admitió la práctica de ambas pruebas porque «no consideró peritos que pudiesen declarar en juicio a los funcionarios del organismo».

En su intervención, Quiroga ha desmentido la «inacción y pasividad» de la que se acusa a la confederación en la sentencia, aludiendo a las diferentes acciones desarrolladas desde el año 2011: la apertura de 217 expedientes sancionadores, la realización informes periódicos sobre la calidad del agua, una vez en todo el invierno, cada 15 días el resto del año y una vez a la semana cuando se experimenta un aumento de las cianobacterias a través de una red de 59 puntos de control en la Limia, o actuaciones de saneamiento en diferentes ayuntamientos, entre otras.

Fruto de ese control, ha explicado, el Ministerio de Transición Ecológica promulgó la declaración de aguas afectadas por nitratos en mayo de 2022, por la que «se tendría que haber puesto en marcha por parte de la administración autonómica la declaración de zona vulnerable», un paso «para poner remedio a la contaminación», que «no se hizo».

En este contexto, la Confederación Hidrográfica ha recordado que los vertidos continúan sin un «tratamiento adecuado y carecen de las buenas prácticas necesarias» para mitigar los impactos ambientales.

«Estamos delante de un modelo de ganadería intensiva en un territorio muy pequeño, alrededor de 300 granjas en más o menos 400 kilómetros cuadrados, que a nivel de vertidos equivalen a 2,1 millones de habitantes. Esto tiene una repercusión medioambiental y en la salud bestial», ha subrayado.

«LA XUNTA SE ESTÁ EXCUSANDO» Preguntado por los medios de comunicación por las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en las que afirmó que la Xunta aún no ha procedido a realizar la declaración de zona vulnerable porque le faltan informes del Gobierno central, Quiroga ha asegurado que «cada administración tiene que cumplir su mandato y el Gobierno gallego se está excusando para no enfrentar el problema».

«El Ministerio de Transición Ecológica tiene los deberes hechos. Hay otras Administraciones que miran para otro lado y no los tienen. Si estuvieran hechos a lo mejor la problemática no sería tan seria, tan importante y tan profunda como se está revelando», ha concluido el presidente de la entidad.

Además, ha afirmado que «las granjas tienen una gran responsabilidad por parte de los ayuntamientos y de la Consellería de Medio Rural y Medio Ambiente», por lo tanto la «competencia de la Confederación no es cerrarlas».