Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres días de huelga –1, 2 y 3 de julio– contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante esta primera jornada, hasta las 1300 horas, en un 75%.

Por su parte, decenas de juicios se han visto obligados a suspenderse en Galicia por la ausencia de fiscales y juices en las cuatro provincias, en un amplio seguimiento que va desde casos en la Cidade da Xustiza de Vigo, pasando por diferentes órganos en A Coruña y Santiago hasta penales de Lugo.

A modo de ejemplo, la huelga de la jueza y de la fiscal del Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha provocado la suspensión del juicio por agresión sexual contra un hombre que está acusado de manosear a una mujer en las gradas del estadio Anxo Carro. Igualmente, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio contra un hombre acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa contra su madre.

En rueda de prensa, han informado del seguimiento los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Se trata del único dato disponible puesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal, y no hará recuento alguno. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se adhirió al acuerdo alcanzado por el Pleno del CGPJ la semana pasada, por lo que tampoco ofrecerá cifra.

El Ministerio de Justicia, pagador de jueces y fiscales, ha solicitado a ambas instituciones que cada jornada de huelga le informe, antes de las 14.00 horas, de los togados que no acudan a su puesto de trabajo para poder restarles los días de paro de la nómina, a fin de «asegurar el buen uso de los fondos públicos», según han informado fuentes ministeriales.

Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».

LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»

Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.

Bolaños, por su parte, ha asegurado que los temores expresados por las asociaciones de jueces y fiscales son «infundados», al tiempo que ha calificado de normales las reticencias de un sector que –dice– siempre se ha resistido al cambio.

«Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la Justicia, en la historia de la democracia –la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género del 2004–, fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias», y «hoy son grandes consensos», dijo en el Congreso de los Diputados.