El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado al PSOE que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso y clonado del correo corporativo del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. También ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos.

Asimismo, requiere a Adif y Carreteras expedientes de obras e información sobre licitaciones y adjudicaciones en los que puso el foco la Unidad Central Operativa (UCO).

En el caso gallego, figuraba la licitación de Adif para la ejecución de las obras de proyecto de tratamiento puentes, túneles y explanaciones en parte del tramo Monforte-Lugo de la línea 800. Fue adjudicada en agosto de 2021 a la UTE Monforte 379 en la que estaba OPR.

Tres años después, un cargo de OPR contactó con Koldo y le informó que se había caído un talud y que se iba a licitar un expediente de emergencia para subsanarlo. La UCO recalca que en el mismo mensaje le solicitó que el proyecto le fuese adjudicado. Se le concedió la obra por 1,4 millones de euros a la UTE en la que estaba.

El año pasado, Europa Press ya recogía un informe de la UCO que decía que Koldo intentó reunirse con el presidente de Adif por una obra en un tramo entre Monforte y Lugo.

La UCO sostenía que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, trató de reunirse con el por entonces presidente de ADIF –ya no está en el cargo–, Ángel Contreras, porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese «su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado» a uno previamente adjudicado por el ente público. En concreto, se trataba de la ejecución de unas obras en la infraestructura de un tramo entre Monforte y Lugo.

Los investigadores no especificaban en su informe si el exasesor de Ábalos y Contreras llegaron finalmente a mantener algún encuentro. Se indicaba que Koldo «habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras» el 21 de febrero de 2024. Ese mismo día, Koldo se reunió con Antonio Fernández, el hermano del empresario, para supuestamente tratar los detalles sobre la adjudicación pública de un contrato de emergencia.

SEDE DEL PSOE

Sobre los nuevos pasos, un auto dictado este mismo viernes, el instructor del Supremo requiere al PSOE que permita a los agentes «la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa» de Cerdán. Asimismo, reclama que entregue a la UCO «cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse» y que haya sido «empleada exclusivamente» por el exdirigente socialista.

El magistrado ha adoptado esta decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes; todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.

Puente sostiene que una vez que ha «desaparecido el óbice que impedía investigar» a Cerdán hasta obtener el correspondiente suplicatorio, procede efectuar tal requerimiento al PSOE dado que el informe de la UCO apunta que Cerdán facilitó su dirección de correo electrónico al exasesor ministerial Koldo García para que le enviara «ciertas comunicaciones relevantes».

La llegada de Cerdán al procedimiento tiene lugar a raíz del informe, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para «gestionar pagos» a Ábalos y a Koldo –solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros–; para finalmente volver a ascender.

La UCO llama la atención sobre «la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes» y, en concreto, le «resulta de especial relevancia» que Ábalos ordenara a Koldo que «hablara con Santos antes de decidir nada», cuando «éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno».

En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a «gestionar pagos». La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas «contraprestaciones económicas». En concreto, las «dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono».

En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado requiere al ministro de Transportes, Óscar Puente, «para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo» de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es «conveniente y necesaria» y no había sido acordada hasta la fecha.

RECLAMA EXPEDIENTES DE 11 OBRAS

El magistrado también requiere a Adif que envíe al Supremo –en un plazo de 15 días– documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.

Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras que facilite –también en un plazo de 15 días– documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.

Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a varias comunidades. «De no encontrarse en su poder todo o parte de dicha documentación, deberá indicarse el órgano concreto en el que se hallen», explica el instructor a Adif y Carreteras.

Según precisa, dicha información «deberá ser aportada en formato digital (copia auténtica), debiendo incluirse en ella la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, fuesen o no preceptivas, en forma que permitan identificar al funcionario que los emitió, así como órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes».

Asimismo, el magistrado les reclama que aporten las actas de reuniones y el listado completo de las actuaciones con los responsables de las mismas.