Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a la huelga de tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.

En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.

El anuncio se produce un día después de publicarse consultas internas en las que más del 80% de los preguntados en dichas asociaciones se mostraron a favor de cumplir con la advertencia de ir a huelga tras el paro de diez minutos convocado el 11 de junio en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de estas dos reformas.

Ante el «éxito masivo» de la protesta, que registró más de un 70% de adhesión al paro –según sus cálculos–, las cinco convocantes acordaron iniciar un proceso de consulta a sus respectivas bases, «de conformidad con los estatutos y procedimientos internos de cada organización», con el fin de «valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal», y que se ha saldado con un amplío apoyo.

EL MANIFIESTO DE LAS ASOCIACIONES

En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas– advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».

Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal –que el pasado jueves superó su primer examen en el Congreso de los Diputados– y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertaron.

Para las asociaciones, la que reforma que afecta a todos los togados, «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

También criticaron que incluya medidas «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Asimismo, reprocharon al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras, «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».

EN CONTRA DE AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL FISCAL GENERAL

En el marco del manifiesto, las asociaciones también cargaron contra el anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalaron.

Y recalcaron que ello, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Las firmantes, además, lamentaron que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los «temores» de las asociaciones eran «infundados». Bolaños ha reivindicado en todo momento que estas reformas son «imprescindibles» para avanzar hacia una «Justicia del siglo XXI», al tiempo que ha recordado que la reticencia al cambio en los togados es algo «habitual».