El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acogido este viernes la primera de las sesiones por la demanda de la población de As Conchas, en Ourense, ante lo que consideran «inacción» de las administraciones frente a los vertidos de ganadería industrial. Lo hacen, han explicado, para exigir que se busque a los causantes y una «solución».
Tras presentar periciales de los demandantes, el procedimiento seguirá el día 20, a las 10.00 horas, con las de los demandados. Los peritos de los promotores de la demanda se han ratificado en sus conclusiones en cuestiones que abarcan desde el origen del problema hasta los olores o los riesgos para la salud.
La vista llega tras prohibirse el día 5 el baño en el embalse después de que la Dirección Xeral de Saúde Pública activase el nivel 3 de riesgo debido al alto volumen de cianobacterias, por lo que existe una «alta probabilidad de efectos adversos para la salud» en caso de contacto.
Así, este nivel se activa cuando el volumen de cianobacterias supera los 8 mm3/l o la presencia de bacterias es alta, o se detectan espumas y ‘natas’ de cianobacterias en áreas donde puede haber contacto directo con los bañistas y existe riesgo de ingestión y/o aspiración.
Este viernes nueve demandantes, entre ellos siete vecinos, la Asociación de vecinos de As Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, han llevado al Gobierno autonómico y otras autoridades públicas ante los tribunales gallegos por la presunta «mala gestión de la contaminación generada por la ganadería intensiva».
En este sentido, han explicado que las entidades encargadas de aprobar estas instalaciones «están obligadas», por la legislación española y europea, a «proteger el agua y el suelo de la zona, incluso cuando toman decisiones sobre la autorización de explotaciones ganaderas intensivas».
«GRAVES IMPACTOS SOBRE LA SALUD»
No obstante, han asegurado, «año tras año se han autorizado cientos de explotaciones de ganadería industrial» junto al río Limia, «a pesar de los graves impactos ambientales y sobre la salud que representan». Por ello, han afirmado que «los residentes se sienten expuestos a graves riesgos para la salud»; ni siquiera pueden abrir las ventanas en los días calurosos debido al «hedor insoportable de la contaminación».
La asociación Amigas de la Tierra ha comunicado que, «a pesar de todas las evidencias sobre la contaminación» y los «intentos fallidos» por parte de la comunidad para que las autoridades tomen medidas, estas han asegurado, según su versión, «que el agua es segura para bañarse».
Además han destacado esta es la «primera demanda en la que un tribunal en Europa juzga el impacto sobre los derechos humanos fundamentales de las explotaciones ganaderas intensivas y la contaminación que provocan en el agua».
DENUNCIAS DE LOS AFECTADOS
«Nuestra vida en 1os últimos quince años es terrible», ha dicho, en declaraciones a Europa Press, Mercedes Álvarez, una de las vecinas demandantes que ha pedido que se priorice la salud y el respeto al medioambiente.
Lo ha hecho reclamando que se busque a los «responsables de la contaminación». «Demandamos directamente a las administraciones porque no somos quien de acusar a nadie, que busquen ellos quién es el causante y que se pongan los medios para arreglar esto que se busque el foco del problema y que nos den una solución».
Y es que sobre su situación ha considerado que «tenían que haber evitado que llegase a este punto, un pozo tóxico, hay 97 millones de bacterias por litro de agua». «Primero los ayuntamientos que son los que tendrían que velar por sus ciudadanos y ponerse de nuestro lado — Bande, Lobeira, Muiños, Os Blancos y Tramiras –, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) y la Xunta, como máxima responsable de todo esto y que lleva muchos años mirando para otro lado».
