El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea destaca a Galicia y Andalucía como ejemplos de regiones que dedican más presupuesto a la prevención de los incendios que a las acciones de respuesta y la restauración: «No se limitan a apagar fuegos».

Con todo, alerta de que la sostenibilidad a largo plazo de acciones como los cortafuegos no está garantizada en Galicia. En este sentido, advierte que, si bien en la Comunidad los cortafuegos «deben mantenerse cada tres años», en 2024 «las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes».

Galicia es una de las zonas analizadas por este informe publicado este miércoles, en el que los auditores europeos reclaman más cooperación a la Comisión Europea y los Estados miembros a la hora de financiar la lucha contra los incendios forestales, tras constatar que Bruselas no tiene una «visión completa» de los fondos que desembolsa y alertar de deficiencias en el criterio para repartir las ayudas.

En un informe específico sobre la financiación de la UE para luchar contra los incendios forestales, los auditores europeos constatan que cada vez los Estados miembros emplean más fondos europeos en la lucha y prevención de los incendios, si bien detecta deficiencias a la hora de asignar las ayudas y hacer seguimiento a los proyectos financiados por la UE.

En este sentido, apunta que la propia Comisión Europea no dispone de una «visión completa» de la financiación total de la UE relativa a medidas frente a los incendios forestales puesto que no se desglosa esta partida de la dedicada a otras catástrofes naturales.

En muchos casos, los Estados miembros utilizaron partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para aportar financiación adicional a la lucha contra el fuego, en estos casos, según apunta el tribunal, tuvieron que actuar con rapidez para decidir qué actividades financiar y poner en marcha acciones concretas, por lo que en ocasiones estas decisiones se tomaron de forma «apresurada».

MÁS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El análisis del Tribunal de Cuentas de la UE se centra en Grecia, España, Polonia y Portugal, al considerar «su elevado riesgo de incendio forestal y a la importante inversión de la UE». En todos los casos se percibe una tendencia al alza en las medidas de prevención, así destaca que las regiones de Galicia y Andalucía dedican más presupuesto a la prevención que a la respuesta y restauración ante el fuego.

Misma distribución de las partidas se da en el caso de Grecia, que reserva el 56% para prevención, mientras que Portugal dedica el 77% para iniciativas de prevención, revertiendo el reparto previo a 2020 cuando la mayor parte de fondos iban a parar a la extinción del fuego.

DEFICIENCIAS EN EL REPARTO DE FONDOS CONTRA INCENDIOS

Así las cosas, los auditores ponen el acento en la selección de proyectos en los Estados miembros, asegurando que el reparto de fondos es «deficiente» y crea el riesgo de que la ayuda no se canalice hacia los proyectos que mejor responden a las necesidades detectadas.

Más concretamente el informe señala que las evaluaciones de riesgos están «obsoletas» y en ocasiones, como en España, el criterio para repartir fondos garantizar la misma cobertura geográfica sin priorizar los riesgos o las necesidades relativas a los incendios forestales. Para el tribunal este criterio puede llevar a asignar fondos a proyectos que no sean «óptimos».

Asimismo, considera que las partidas deben centrarse en proyectos que garanticen la sostenibilidad de las medidas, caso del mantenimiento de cortafuegos o al desbroce de la vegetación, tareas que requieren trabajo y financiación regulares.

En este punto, señala el ejemplo de Galicia al indicar que sostenibilidad a largo plazo de las acciones financiadas no está garantizada. «En Galicia, los cortafuegos deben mantenerse cada tres años; sin embargo, en 2024, las autoridades tenían previsto efectuar trabajos en menos de un tercio de todos los cortafuegos existentes», apunta el informe.

Los auditores europeos inciden en que las operaciones que impliquen inversiones en infraestructuras deben estar activas durante los cinco años siguientes al pago final de los fondos europeas y pone el caso de la creación de cortafuegos o la retirada de material combustible, acciones que «requieren un trabajo continuo y financiación cada tres o cuatro años, en función de las condiciones climáticas».

El tribunal recalca igualmente en que la información del sistema de seguimiento de incendios de Bruselas sigue estando infrautilizada en la evaluación de los proyectos financiados por la UE. «Ni la Comisión ni los Estados miembros de la muestra utilizaban los recursos de datos para evaluar la eficacia de los proyectos financiados por la UE en materia de prevención de incendios», lamenta.

Por todo ello, los auditores europeos emiten una serie de recomendaciones para el uso eficiente de los fondos en materia de lucha contra los incendios. Reclaman más coordinación entre Bruselas y los 27, empezando por utilizar mapas de riesgo claros y actualizados, tener en cuenta la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos y compensar el uso del criterio de cobertura geográfica, cuando se aplique, con criterios basados en el riesgo.

Según ha valorado el responsable del informe, Nikolaos Milionis, el refuerzo de las medidas preventivas contra los incendios forestales es «sin duda un paso en la dirección correcta», aunque ha puesto el acento en que se haga más seguimiento de los fondos europeos para garantizar que «los mejores resultados y un impacto sostenible».