La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado su oposición a «romper» el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para dividirlo en dos carteras porque «implicaría un retroceso estratégico» y la pérdida de un único interlocutor del Gobierno con la universidad, que concentra casi el 70% de la investigación en España.

«Sin ciencia no hay universidad y sin universidad no hay ciencia» resume la CRUE en un comunicado donde se posiciona ante la posibilidad de que el Ejecutivo que negocian PSOE y Unidas Podemos separe en dos ministerios las competencias de Ciencia y Universidad. Una posibilidad, según los rectores, que no reflejaron ambos partidos en sus programas electorales.

«Tanto PSOE como Unidas Podemos afirmaron que mantendrían e incluso reforzarían la actual estructura ministerial para «asegurar la integración de todo el sistema de Conocimiento e innovación» y «para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz». Así lo reflejaron ambas formaciones en sus respectivos programas electorales», asegura la CRUE.

La Conferencia de Rectores, que agrupa a 76 universidades públicas y privadas de España, sostiene que «los nuevos desafíos de la globalización exigen que la Universidad, la Ciencia y la Innovación formen parte del mismo Ministerio».

Lo contrario, «romper el actual Ministerio no mejorará la comunicación ni la coordinación que ahora mismo necesita el sistema universitario español para resolver temas que ya no pueden esperar más», añade la CRUE.

«Si queremos que España camine hacia la Economía del Conocimiento, como están haciendo los países más desarrollados, necesitamos un interlocutor dedicado en exclusiva a esos ámbitos para garantizar una óptima coordinación con otros departamentos de cara a la elaboración de cualquier normativa que afecte al sistema universitario español», exponen los rectores de las universidades en el comunicado.

En ese sentido, la CRUE argumenta que «con un único interlocutor es factible llegar a una solución sensata en un tiempo razonable en asuntos como el Estatuto del Personal Investigador en Formación, la ley de Contratos del Sector Público o el RDL de Prácticas Académicas Externas, ejemplos de medidas que -pese a su buena filosofía de fondo- exigen un desarrollo y aplicación «quirúrgicas» para no acabar perjudicando a la comunidad universitaria».