La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha demandado a la Xunta multas de «mayor cuantía» si los Franco siguen sin abrir la Casa Cornide, después de que la Administración gallega hiciese firme la resolución por la que le imponía una multa de 3.000 euros al no haber cumplido con la apertura en los términos establecidos al ser declarado el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC).

«Todos somos iguales ante la ley y no están exentos, como estuvieron durante 40 años, del cumplimiento de la misma», ha aseverado a preguntas de los periodistas.

Mientras, ha ratificado que las acciones por parte del consistorio para recuperar la Casa Cornide están «en marcha». Al respecto, ha concretado que dependen en su totalidad del Ayuntamiento al argumentar el Estado que fue «desafectada y que no tienen nada que reclamar».

En este sentido, ha explicado que se hará una «revisión de oficio» de los acuerdos adoptados en el pleno de 1962 «que deben ser anulados» para luego ejercer la demanda en vía civil de cara al objetivo de conseguir revertirla para el patrimonio público.

Mientras, si los Franco no cumplen con la apertura, la alcaldesa ha dicho que espera que «la Xunta siga actuando como lo está haciendo, poniendo las multas necesarias, incluso de mayor cuantía».

POSTURA DE LA CRMH

Por su parte, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) ha exigido a la Xunta la adopción de medidas coercitivas «más severas, incluida la penal» contra lo que califica como «contumaz resistencia de los Franco al cumplimiento de sus deberes legales».

«Una sanción de 3.000 euros por cuatro años de incumplimiento, además de ser de escasa cuantía, no resuelve la realidad de un Bien de Interés Cultural que sigue cerrado al acceso público».