La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado que el Gobierno central haya dejado «sin un solo euro» a Galicia para financiar la atención integral de los menores migrantes no acompañados que prevé trasladar a la comunidad.

Así lo ha explicado la responsable autonómica, que ha participado este miércoles en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid.

Según ha expuesto, el Ministerio de Juventud e Infancia no ha respondido a ninguna de las demandas de Galicia, «que pedía planificación y financiación para garantizar la sostenibilidad» del sistema gallego de protección de la infancia.

Ha lamentado además que el Ejecutivo central no haya confirmado la cifra de menores que debería acoger Galicia ni la previsión de fechas para la realización de los posibles traslados.

«Con todo, el Ministerio sí ha ratificado que Galicia es una de las comunidades que no va a recibir ninguna aportación estatal para asumir el coste de la acogida de los menores», ha denunciado.

A este respecto, ha insistido en que «la única información sobre esto se conoció a través de medios de comunicación». «El único objetivo es seguir enredando sin concretar las cifras oficiales y filtrando datos erróneos», ha lamentado.

Fabiola García también ha indicado que Galicia, «junto con la amplia mayoría de comunidades», ha rechazado esta mañana la propuesta del Gobierno central en la que se estipula la capacidad ordinaria de cada territorio para la acogida de menores migrantes.

«Galicia está ante un nuevo agravio por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no tiene en cuenta las necesidades del sistema de protección de Galicia ni su realidad», ha afeado.

La conselleira también ha apuntado que muchas regiones mostraron su disconformidad con la propuesta del ministerio al considerar que el planteamiento, «que recibieron minutos antes de la reunión, incluía errores y no se acogía a la realidad del sistema de protección».

Además, Fabiola García ha criticado que el Gobierno central «quiera ahora que las administraciones autonómicas propongan nuevos criterios de reparto», una vez que estos ya fueron fijados en un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso de los Diputados.

«Esta posibilidad no tiene lógica y el único objetivo que tiene es disfrazar su imposición unilateral y falta de colaboración interinstitucional», asegura.