Cooperativistas de Xuxán afectados por el aumento de costes en una promoción de alquiler social han demandado una solución, a la espera de la reunión que este martes mantendrá la gestora, Galivivienda, con representantes del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Así lo ha expuesto una de las afectadas en declaraciones a Europa Press en el día en el que han mantenido una reunión con representantes del BNG, entre ellas su portavoz nacional, Ana Pontón. «Estamos a la espera», ha manifestado para incidir en que, entre otras cuestiones, demandan a la gestora conocer aspectos como el listado de los cooperativistas.

En el contexto actual, señalan que «la pelota» está en las administraciones con alusión, entre otros, al ICO de cara a la financiación y las condiciones que pueda establecer para la construcción de las viviendas en unas parcelas cedidas por la Xunta.

«La opción menos lesiva sigue siendo lesiva», aseguran, no obstante, en relación a cooperativistas que se encuentran ya pagando un alquiler y al tener que pagar una cuota superior a la inicialmente prevista.

Mientras, desde la Xunta, y a la espera de lo que ocurra con el ICO, derivan en este la responsabilidad, algo que rechazan desde el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de A Coruña que han instado a la Administración gallega a asumir sus competencias en materia de vivienda.

A su vez, este lunes, la portavoz nacional del BNG ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «dé la cara» ante «miles de personas» que en A Coruña «se sienten estafadas» por el anuncio de 244 viviendas de alquiler social en el barrio de Xuxán que «resultó ser pura propaganda».

Sobre este barrio, manifestó que hubo 6.000 personas interesadas en esos pisos, pero «la inmensa mayoría se echó atrás» por el precio a abonar. Respecto a los cooperativistas con los que mantuvo en esta jornada el encuentro, sostuvo la Xunta cedió cuatro parcelas y le concedió a la promotora privada, Galivivienda, una subvención de 10,8 millones de euros.

También que había el compromiso de que se entregarían en 2026, pero «a día de hoy no se puso un solo ladrillo», además de un precio máximo de 475 euros por 80 metros cuadrados, que, según los afectados, aumenta por las nuevas condiciones exigidas.