Cooperativistas de Xuxán exigen «transparencia» a la gestora Galivivienda — a la que el Ejecutivo gallego adjudicó esta promoción – y piden a la Xunta que haga una auditoría para tener «control» sobre esta empresa tras el cambio de condiciones al que se han visto expuestos.

«Le pedimos transparencia, que no mienta y que conserve las condiciones iniciales», ha explicado una de las afectadas por esta situación en declaraciones a Europa Press. «Lo primero que necesitaríamos es que la Xunta auditase a esta gestora para poder fiarnos y que tuviese un control sobre ella», ha señalado tras explicar que «el modelo de cooperativa, si no se legisla y se ajusta al modelo de alquiler y si no hay un control riguroso sobre la gestora, es muy difícil que salga adelante».

Por otro lado, también ha asegurado que «se están incumpliendo algunas normativas» y ha apuntado que «en base a los estatutos habría que quitarle el suelo a Galivivienda, convocar otro concurso público y dárselo a otra». «Una situación que no deseamos que suceda», ha añadido.

Para los afectados «crear alquiler social a través de una cooperativa tiene una serie de complicaciones porque está concebida para inversores y propietarios». «Este sistema nos coloca en cierta vulnerabilidad porque tenemos todas las obligaciones de un propietario pero no los derechos», ha incidido una de ellas para añadir que van «a ser inquilinos durante 50 años y, finalmente, quien recoge esos edificios es la Xunta de Galicia».

En cuanto al Ministerio de Vivienda, ha especificado que hay ingresos que provienen de esta cartera «pero en cuanto al funcionamiento y a la gestión evidentemente la responsable es la gestora y la responsable de haber escogido en un concurso público a esta gestora es la Xunta». «Así como de haber escogido el método de la cooperativa para construir viviendas de alquiler social», ha reiterado.

En relación a la nueva propuesta de condiciones del contrato, ha apuntado que «ahora el problema es cómo están divididas las entregas de dinero» al considerar que «no son viables». «Nos negamos a pagar un aporte de capital de 475 euros al mes durante 10 años sumados al alquiler mensual que ronda de media los 400 euros y pico», ha concretado. «Acabamos siendo los prestamistas de la Xunta para que edifique unas viviendas sociales que luego quedarán en un banco de vivienda para toda la sociedad», ha apostillado.

Por su parte, la Xunta ha ofrecido diálogo y colaboración pero entiende que la situación viene derivada del Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo que niegan desde el Gobierno central y exigen a la Administración autonómica que ejerza sus competencias en materia de vivienda.