El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha alertado a los gobiernos autonómicos de Galicia, Cantabria y Asturias, que el lobo no puede volver a ser catalogado como especie de caza «de forma automática», y ha solicitado a las tres comunidades autónomas datos sobre la cantidad de ejemplares que se planea cazar.

Así lo ha expresado en una carta remitida el pasado día 30 de abril a los tres ejecutivos regionales, y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, Morán ha hecho referencia a «las importantes novedades» que se han producido «en el contexto de la gestión del lobo» en España.

En concreto, Morán ha señalado el «cambio de estatus legal» de la especie a raíz de la aprobación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario del pasado 1 de abril, que «parecía posibilitar a priori un cambio inmediato en el modelo de gestión que se venía aplicando».

«Debe tenerse en cuenta que el lobo sigue siendo una especie cuyo estado de conservación ha sido evaluado por España –sexenio 2013-2018– como «Desfavorable-inadecuado (U1) en las tres regiones biogeográficas en las que está presente (‘Mediterránea’, ‘Atlántica’ y ‘Alpina’), así como para el conjunto del territorio nacional», ha remarcado.

Con ello, ha pedido a los tres gobiernos autonómicos «a efectos de disponer de un conocimiento más exhaustivo sobre la situación actual de la especie» las previsiones de extracciones.

GALICIA RESPONDE QUE SU MODELO SE AJUSTA A LA DIRECTIVA

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto, ha respondido a Morán a través de otro comunicado en el que ha celebrado como «muy necesaria» la modificación que excluye al lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Un listado que, según el Gobierno gallego, «no se correspondía con la situación real del lobo» en la comunidad autónoma. En la misiva, a la que también ha tenido acceso Europa Press, Galicia ha subrayado que la decisión de dicha inclusión se adoptó de forma «unilateral» por el Ejecutivo central.

«El modelo de gestión gallego siempre se ha ajustado a la Directiva, cumpliendo estrictamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, y en concreto, la sentencia aludida en su escrito», ha declarado Vázquez Mejuto.

Con ello, Galicia ha reclamado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «traslade a la mayor brevedad las cifras a enviar a la Unión Europea para su examen previo por esta Conselleria».