El portavoz del PP compostelano, Borja Verea, ha exigido este lunes responsabilidades por la contratación de «29 servicios de VTC ilegales» en marzo en Santiago, que atribuyen al Ayuntamiento. Por otro lado, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha diferenciado a la empresa de ‘transfer’ (Farocars) de plataformas como Uber y Cabify y ha señalado que esta opera en la «paralegalidad o alegalidad» porque sus servicios «no están regulados».

El pasado mes de marzo, la Consellería de la Xunta emitió un aviso al Ayuntamiento en el que se informaba de la identificación en un control a un vehículo con autorización de VTC –según figura en el documento, facilitado a Europa Press–. El conductor mostró un contrato en el que figuraba como arrendatario del servicio prestado el Departamento de Protocolo del Ayuntamiento de Santiago.

Los dos traslados que recoge este documento sucedieron en el contexto de un encuentro celebrado por Cidades Patrimonio. En la información trasladada por la Xunta al Gobierno local, la habilitación para prestar servicios urbanos del vehículo era válida hasta el 29 de septiembre de 2022 y, además, estos dos servicios no habían sido comunicados al Rexistro de Comunicacións dos Servicios de Arrendamento de Vehículos con Condutor (RVTC).

En la respuesta del Ayuntamiento a una pregunta del Partido Popular por este asunto –remitida la última semana de abril y hecha pública este lunes por Verea en rueda de prensa–, indica que personal del consistorio «comunicó» a la empresa Farocars «la información facilitada por la agencia de viajes» para que organizasen un total de 29 traslados dentro de este contexto, que se detallan en el documento.

«Consta que este servicio estaba contratado por el propio Ayuntamiento de Santiago e incluso la alcaldesa llegó a decir que esas gestiones fueron hechas por el gerente del grupo Cidades Patrimonio», ha interpretado Borja Verea el documento facilitado por el Gobierno local.

CRÍTICA DEL PP

El representante popular ha reiterado que Sanmartín aseguró, en su momento, que «el Ayuntamiento no había participado en la contratación de esos traslados». Preguntada en rueda de prensa este lunes, la regidora ha mantenido esta versión, por la que el consistorio solo ejerció de intermediario, y ha insistido en que el Ayuntamiento únicamente «comunicó» a la empresa los servicios a contratar.

«Mintieron a los ciudadanos y mintieron a los medios de comunicación», ha criticado Borja Verea, que extiende la información trasladada por la Xunta a los 29 traslados documentados por el municipio. «Sabemos que el VTC identificado es la punta del iceberg, ya que estamos hablando de hasta 29 trayectos ilegales hechos en esas datas», ha añadido.

El informe realizado por el inspector autonómico se produjo en el contexto de un control impulsado por las administraciones autonómica y local para vigilar el uso de los VTC. «Al mismo tiempo que sancionaba a VTCs que hacían traslados urbanos, contrataba y organizaba 29 servicios de VTCs ilegales», ha criticado Verea. «¿Alguien piensa asumir algún tipo de responsabilidad?».

«¿Qué se quería ocultar con esta mentira mantenida en el tiempo? ¿Se van a tramitar e investigar los 29 expedientes de sanción como consecuencia de los 29 traslados ilegales? ¿Se están ya tramitando?», ha preguntado públicamente el popular. Al mismo tiempo, estima la «horquilla» de estas posibles multas entre los 60.000 y 180.000 euros.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Preguntada en rueda de prensa por la posición del Gobierno local, la alcaldesa de Santiago ha reiterado que el papel del consistorio se limitó a la «colaboración» para facilitar la gestión a Cidades Patrimonio. Además, ha subrayado la diferencia entre el servicio contratado a Farocars de los ofrecidos por otros operadores: «No se acudió a ninguna plataforma (ni Uber ni Cabify), sino a un tipo de servicio que es habitual y que nunca antes se puso en cuestión».

Por este motivo, ha desplazado el marco de la discusión a la falta de regulación de servicios como el prestado dentro del ámbito urbano. La Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta del 2024 traspasó a los ayuntamientos las competencias a este respecto, tal y como ha recogido Sanmartín. «Sería lógico que lo estuviésemos razonando y evaluando en estos términos», ha precisado la regidora.

«¿No se puede permitir, por ejemplo, que Bruce Springsteen tuviese un coche alquilado durante su estancia aquí, para un concierto? ¿O que una compañía de seguros nos envíe un coche para recogernos cuando tenemos un percance? Estamos hablando de cuestiones muy diferentes», ha ejemplificado la regidora.

En este sentido, ha indicado que se podría hablar de «una especie de paralegalidad o alegalidad», ya que «no son ilegales porque no aparece así la normativa y tampoco son legales porque no está regulado».

De este modo, el Ayuntamiento estudia ahora la diferenciación, atendiendo a cuestiones relacionadas como la recogida en determinados lugares, horarios o antelaciones. Asimismo, hasta donde ha afirmado conocer, «ninguna ciudad de Galicia ha resuelto esta situación».

Al respecto de las multas estimadas por el PP, la regidora ha alegado que el expediente sancionador del caso informado por la Xunta se tramitará, «como en cualquier otra cuestión». Eso sí, ha puntualizado que la multa «será a las empresas, no a ningún particular, una vez se determine el vacío legal».