El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, y el presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez, han presentado este martes el informe de la situación del gallego en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

Concretamente, el informe ha sido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En un comunicado explican que el documento señala los «incumplimientos» de acuerdos internacionales en relación a los derechos lingüísticos por parte del Estado y, «principalmente», por parte de la Xunta.

Estos incumplimientos, inciden, afectan a la educación y derechos de la infancia, prevención del acoso por razón de lengua, derechos civiles y derechos políticos, administración de justicia, derecho al propio nombre, libertad de prensa, administración y servicios públicos, toponimia, fuerzas y cuerpos de seguridad, audiovisual, concesiones públicas de gestión privada y ámbito económico y laboral o salud.

«Traemos a la ONU la voz de la calle, que se movilizó en noviembre y febrero a favor del gallego, vital para Galicia, y de las miles de personas que en mayo volverán a llenar Compostela con una multitudinaria fiesta por el idioma», ha reivindicado Maceira.

En esta línea, ha alegado que la política de «exclusión del gallego» debe ser «combatida en las calles y en las instituciones que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos y el poder usar la lengua propia siempre y en todo lugar en un derecho humano». «El 17 de mayo será de nuevo la expresión de nuestra fuerza colectiva», ha concluido.

Por su parte, el presidente de la AELG ha agradecido el apoyo internacional concretado en el «apelo a la fraternidad» con la situación del gallego, que firman 26 figuras relevantes de la cultura de países lusófonos.

«El gallego, cuna del portugués, el corazón y la vida de Galicia, está en emergencia en su territorio originario», ha afirmado.

«Los escritores y escritoras estamos siendo excluidos de nuestra función de constructores del idioma, impidiendo que nuestras obras en gallego puedan ser socializadas», ha lamentado Cesáreo Sánchez.

Asimismo, han criticado que el Estado, y más concretamente la Xunta — «que tiene competencias en la mayoría de los ámbitos» –, «continúan rechazando la aplicación de las resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

«Esta situación explica en gran medida la pérdida continuada de hablantes», ha denunciado Maceira, «mientras la Xunta, en vez de cumplir los acuerdos nacionales e internacionales, continúa legislando en contra e impidiendo un uso normal del gallego».

Sobre esto, se han referido a la eliminación de las garantías lingüísticas en los campamentos de verano o a la aprobación de la última ley sobre la CRTVG que, critican, «abre la puerta a que deje de usar el gallego».