Trabajadoras de residencias privadas de mayores y del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) han recorrido en la mañana de este sábado las calles de Compostela en una manifestación convocada por la CIG-Servizos para exigir un convenio colectivo que «dignifique sus condiciones laborales y garantice una atención de calidad a las personas dependientes».

La protesta, que partió a las 11.00 horas desde la Alameda y finalizó en la Praza de Praterías, congregó a trabajadoras de toda Galicia, que denunciaron la precariedad laboral, los bajos salarios y «la falta de compromiso» tanto de la patronal como de la Xunta.

«¡Menos discursos y más recursos!», fue una de las proclamas que se pudo oír en la protesta, aún con el transfondo del Debate sobre el Estado de la Autonomía, en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció un plan «histórico» para este mandato en el que, «de la mano con el sector», se construirán 24 residencias fuera de las ciudades que sumarían 1.800 plazas.

Al inicio de la movilización, el secretario de Negociación Colectiva de la CIG-Servizos, Adolfo Naya, ha denunciado que «el inmovilismo patronal no quiere ceder ni el mínimo, y como tal, mantiene al 60% de las trabajadoras de residencias por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI)».

«Entendemos que esto es inaceptable. Estamos hablando de un sector fundamental y esencial para la sociedad y no puede ser que estén en condiciones de miseria absoluta», ha proclamado.

Naya también criticó la «falta de respuesta» de la Xunta ante las demandas del sector, a pesar de que muchas residencias privadas gestionan plazas concertadas. «Tiene que implicarse en este tema y dejar de lavarse las manos. No hace ningún control efectivo sobre las condiciones laborales ni sobre la atención a las personas usuarias, permitiendo que multinacionales y fondos buitre prioricen los beneficios económicos por encima del bienestar de las personas», ha afeado.

NUEVAS JORNADAS DE PROTESTA

Las trabajadoras, que ya hicieron huelga los días 10 y 22 de abril, tienen convocadas nuevas jornadas de paro para el 7 y el 21 de mayo. Movilizaciones que se llevarán a cabo en toda Galicia y que afectan a un sector que emplea a casi 14.000 personas, mayoritariamente mujeres.

Según Naya, «las huelgas están siendo secundadas por miles de trabajadoras, con concentraciones espontáneas delante de los centros durante los cambios de turno y los descansos, a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Xunta, que en muchos casos llegan al 100%».

A este respecto, ha manifestado que la CIG estudia denunciar a varias empresas por vulnerar el derecho a la huelga al comunicar los servicios mínimos con posterioridad al inicio de los paros.

CONDICIONES «NEFASTAS Y FRUSTRANTES»

Beatriz Fernández, trabajadora de la residencia DomusVi de Ferrol, ha descrito las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo como «nefastas y frustrantes».

«Estamos bajo mínimos, con una falta de personal brutal que nos sobrecarga física y mentalmente. La gente no quiere venir a trabajar en estas condiciones, y esto impide ofrecer la atención digna que merecen las personas residentes. No podemos estar cobrando por debajo del SMI, es una vergüenza. Durante la pandemia nos aplaudían, pero ahora no queremos aplausos, queremos salarios de los que podamos vivir», ha exigido.

Entre las principales reclamaciones del colectivo están un salario «digno», la mejora de las ratios de personal para atender adecuadamente a los usuarios, la reducción de la carga de trabajo y medidas de conciliación que permitan compatibilizar la vida laboral y personal.

La manifestación finalizó con la lectura de 3 manifiestos en Praterías. El primero, en nombre de las trabajadoras de las residencias, denunció que mientras ponen «toda la energía para cuidar a las personas residentes», la patronal y la Xunta «precarizan» sus vidas «con unas condiciones laborales «más de época de la esclavitud que del siglo XXI».

SAF

Por su parte, las trabajadoras del SAF, que se sumaron a la movilización en solidaridad con las compañeras de las residencias, leyeron un manifiesto en el que denunciaron la situación de su sector, cuyo convenio colectivo está paralizado desde 2012.

«Somos un servicio público gestionado por empresas privadas que solo buscan llenar sus bolsillos, precarizando nuestras condiciones de trabajo y afectando a los usuarios, que solo reciben cuidados dignos gracias a nuestro esfuerzo y profesionalidad», han señalado.

En apoyo a las trabajadoras participó también en la manifestación el Colectivo de Persoas Xubiladas e Pensionistas de la CIG que dieron lectura a un tercer manifiesto en el que denunciaron los «retrasos», tanto en las valoraciones como en la concesión de ayudas o servicios, y reclamaron «un Sistema Público Galego de Atención ás Persoas».