Los dos ediles del PSdeG en el Ayuntamiento de Santiago, Gumersindo Guinarte y Marta Abal, se han ausentado este jueves del pleno al no incorporar este en el orden del día el punto relativo a la toma en consideración del paso a no adscritos de los concejales que fueron expulsados del partido.
A través de un comunicado, el Partido Socialista denuncia «vulneración» de sus derechos fundamentales y advierte que sus servicios jurídicos están estudiando «todas las vías legales y judiciales».
En la nota de prensa, el PSOE de Compostela carga contra «la decisión adoptada por la alcaldesa», la nacionalista Goretti Sanmartín, «de no incorporar» este punto y recuerda que las personas que fueron expulsadas del partido lo fueron «hace ya varios meses».
El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, afirma que «con la ausencia de esta toma en consideración por parte del pleno de las expulsiones que se produjeron se impide por la vía de los hechos que los únicos representantes legítimos del Partido Socialista a día de hoy en la corporación puedan tomar posesión de sus respectivos cargos y actúen como representantes legales ante la corporación municipal de Santiago».
«TODAS LAS VÍAS LEGALES Y JUDICIALES»
Guinarte incide en que, «por el contrario, se permite que personas que fueron expulsadas del Partido Socialista sigan hablando en su nombre ante el ayuntamiento de Santiago a todos los efectos, que sigan presentando iniciativas e interviniendo como si siguiesen siendo la voz socialista en el Pazo de Raxoi».
«No podemos ser partícipes de una sesión del pleno municipal en la que se impide que la representación legítima del Partido Socialista pueda asumir la efectiva representación que le corresponde ante una decisión que no se enmarca para nada en una cuestión jurídica, sino que responde a una cuestión política», argumenta.
Así, el socialista concluye asegurando que fueron «pacientes y respetuosos en todo momento», pero «llegados a este punto» avisa que no pueden «consentir que se vulneren los derechos fundamentales del Partido Socialista».
Por este motivo «se está estudiando ya por los servicios jurídicos del partido todas las vías legales y judiciales en la defensa de los derechos del partido, con el fin de que no se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los socialistas en la ciudad», subraya.
PP-ALCALDESA
Durante el transcurso del pleno, en el turno de una iniciativa, el portavoz popular Borja Verea ha dicho estar ante «la descomposición en directo del pacto de gobernabilidad» en el Consistorio santiagués, y ha reprochado a la alcaldesa estar «ahí sentada» mientras el PSdeG le acusa a través de comunicado de prensa de «vulneración de derechos fundamentales».
Por su parte, la regidora ha exigido al popular «que se centre» y «ciña al orden del día» y ha rechazado «provocar enfrentamientos», si bien Verea ha añadido que da «vergüenza la imagen» que traslada el Ayuntamiento.
Además, Goretti Sanmartín ha explicado en varias ocasiones que se siguieron las indicaciones para actuar conforme a todas las garantías.
COMUNICADO DE LOS EXPULSADOS
Pasado el mediodía, los díscolos han emitido otro comunicado en nombre del «grupo municipal socialista» mediante el cual piden disculpas a todos los vecinos «ante el comportamiento de dos compañeros de grupo», por Gumersindo Guinarte y Marta Abal, tras ausentarse «sin causa justificada y sin notificación previa».
Ven, por su parte, que esta es «una decisión que vulnera sus obligaciones como concejales de esta ciudad y que, más allá de consideraciones políticas, supone una falta de respeto a los vecinos».
De hecho, consideran este «un nuevo acto por el que emplean pleno municipal como escaparate para presionar y alterar un procedimiento, tutelado por el secretario del Ayuntamiento, al que tienen derecho los concejales expedientados.
COMUNICADO DEL GOBIERNO
Más tarde, también el gobierno municipal ha remitido un comunicado en el que aclara que «no impide la representación legítima de ningún grupo» y que «tanto la Alcaldía como el conjunto del gobierno están garantizando con extremo respeto los derechos políticos de todos los miembros de la corporación».
Argumenta que «fue necesario confirmar que el procedimiento estaba terminado formalmente para iniciar los cambios que atañen a la composición del pleno» y apela al trámite de audiencia y a que «para excluir cualquier injerencia en un procedimiento garantista, la notificación se envió por la vía ordinaria el 18 de marzo».
Los implicados, señala, recogieron la notificación en diferentes fechas, por lo que el plazo para el último terminó el martes 22 de abril, luego «no fue posible contar con los informes preceptivos sobre las alegaciones que pudieron formular de cara a incluir el asunto en la sesión».
«No caben insinuaciones de parcialidad cuando lo que se hizo fue, precisamente, mantener la más estricta imparcialidad», reivindica el gobierno municipal, que lamenta «el nivel de tensión generado entre los diferentes miembros de la corporación».
LOS PLAZOS
La semana pasada, el secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, esperó que «la normalidad» imperase en el grupo municipal a partir de este pleno, tras la expulsión del partido de cuatro de sus integrantes.
Tras estas declaraciones, fuentes próximas a los ediles expulsados precisaron que el martes 15 presentaron sus alegaciones y pruebas documentales al secretario del pleno y, en el caso de Gonzalo Muíños, el plazo finalizaba este pasado martes 22 de abril. Esto es, 24 horas después de ser convocado el pleno y 48 horas antes de su celebración, por lo que consideraban ya entonces que los plazos «son ajustados y complicados» para poder tener un informe y una decisión elevada al pleno para la sesión ordinaria de este 24 de abril.