Un total 2.214 trabajadores sanitarios del área A Coruña-Cee han firmado un escrito en el que solicitan al Gobierno autonómico la creación de un protocolo «específico» de seguridad con medidas preventivas para evitar agresiones al personal.

Transcurridos dos meses del incidente «más grave» que ocurrió en A Coruña, en el que una auxiliar de enfermería fue atacada por un paciente que estaba supervisando en el área de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), la Junta de Personal ha entregado este viernes estas más de 2.000 firmas y se ha quejado de que no se hayan adoptado medidas para que no se repita este tipo de situaciones.

Por consiguiente, la presidenta de la Junta de Personal, Lucía Peón (CIG), ha demandado el cese del gerente del CHUAC por continuar «sin aportar soluciones».

En esta línea, la representante sindical ha explicado que incluso la propia Inspección de Trabajo consideró que el protocolo facilitado para atención de pacientes potencialmente agresivos/as en urgencias del CHUAC es «general», por lo que «no vale» y ha instado a que este documento de actuación abarque todas las áreas, unidades y servicios y aborde lo que «hay que hacer, a quién se tiene que llamar y de qué manera se tiene que intervenir».

Además, ha añadido, que el personal quiere conocer cómo notificar la agresión, si disponen de asesoría jurídica y atención, y en ese caso, dónde se recibiría.

Durante su intervención ante los medios, Peón ha reiterado que los trabajadores exigen acudir a sus puestos de trabajo en condiciones de seguridad para poder ofrecer una atención de calidad pero, insiste, para eso se necesitan más profesionales, espacios adecuados y protocolos «claros y conocidos».

Asimismo, la presidenta del órgano de representación sindical ha enfatizado que «no hay que tolerarlo todo», haciendo especial énfasis en la importancia de «poner límites» y ha recordado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que proteger la seguridad de sus profesionales.

Por su parte, la delega de CSIF y miembro de la Junta de Personal, Maite Macías, ha agregado en un comunicado, que con esta iniciativa, los profesionales pretenden trasladar «de forma colectiva una petición clara: actuar con urgencia para evitar nuevas agresiones y garantizar entornos laborales seguros en beneficio del personal y de los pacientes».