Fiscalía pide abrir juicio oral a la empresa propietaria de los terrenos y los derechos de investigación de la antigua mina de Touro y dos de sus responsables, para los que solicita dos años de cárcel e inhabilitación durante ese tiempo para el ejercicio de toda profesión que tenga que ver con actividades mineras y extractivas.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Arzúa (A Coruña), con fecha del pasado 8 de marzo, la fiscala Luisa María Suárez Cabo dirige acusación frente a Explotaciones Gallegas, que en 1993 adquirió la concesión de la explotación, conocida como mina de Touro.

Dirige acusación asimismo frente al administrador solidario de Explotaciones Gallegas desde su constitución y frente a la que fue administradora solidaria de Explotaciones Gallegas desde 2009 hasta 2020, momento en el que se le nombró al frente de Casiñas SL.

En los terrenos propiedad de Explotaciones Gallegas pretende retomar la explotación de cobre la empresa Cobre San Rafael, compuesta por Atalaya Mining, que lidera económica y técnicamente el proyecto, junto a la propia Explotaciones Gallegas, que aporta la superficie y los derechos de investigación. La iniciativa fue declarada como proyecto estratégico en 2024 y está en fase de exposición pública.

En 2020, Cobre San Rafael (Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas) recibió una declaración de impacto ambiental negativa por parte de la Xunta para retomar la explotación de cobre, por lo que modificó y presentó un nuevo proyecto, que es el que ahora está pendiente de tramitación.

FISCALÍA: «AFECTA GRAVEMETNE A FAUNA Y FLORA»

El escrito fiscal se refiere a la balsa de Angumil, que se encuentra en la esquina sureste de los terrenos de la explotación minera de Touro, que está «excavada sobre el terreno natural y carece de un sistema de impermeabilización».

A su vez, en la esquina noreste de la citada charca, «con consentimiento y pleno conocimiento de los tres acusados y causando un importante daño para el medio ambiente y la calidad de las aguas, se encuentra instalada una tubería de PVC corrugado con la función de que, a través de la misma, se alivien por cota y de manera continua las aguas almacenadas en la charca», según la Fiscalía.

De este modo, vierte «todo este volumen de aguas a la cabecera del rego Barral, el cual desemboca en el río Lañas, afluente a su vez del río Ulla».

La fiscala incide en que «de los vastos terrenos de la mina de Touro, de los que es responsable la mercantil acusada, Explotaciones Gallegas, cuya gestión está controlada por los también acusados (…) salen hacia la cabecera del rego Barral, sin que durante años hubieran procurado ninguna medida correctora que lo evitara, lixiviados con condiciones de extrema acidez, elevada conductividad eléctrica y alto contenido en hierro y cobre».

Apunta a una inspección en 2019 y que «resultó constatada la presencia de elementos disueltos en valores que superan los límites de referencia aceptables, muy significativametne el amonio pero también metales pesados como el aluminio, cobalto, cobre, níquel y zinc».

Esta situación, añade, «persistía» en otra visita de 2021 y, para la fiscala, puede concluirse que se trata de un «caso típico de escorrentía ácida de minas».

Advierte de que «algunos» de los metales pesados son «extremadamente tóxicos» y que «la situación afecta gravemente a la fauna y la flora». En concreto, habla de «despoblamiento del macrobentos y ausencia total de peces en el río Barral».

Tras indicar toda una serie de normativa, el escrito establece que los acusados han puesto en marcha un proyecto de drenaje temporal de la balsa que bombea las aguas a la balsa Vieiro «sin que conste que en etsa última la depuradora que figura en el proyecto llegue a extraer los metales».

«No consta acreditado que la mercantil acusada haya adoptado y ejecutado efizcazmente un modelo de organización y gestión para prevenir delitos», agrega.

Por eso pide dos años de cárcel e inhabilitación para los responsables y dos años de multa a razón de 30 euros diarios para Explotaciones Gallegas, así como, solidariamente, «la obligación de cesar en el vertido de aguas» y «un plan para restaurar en la medida de lo posible el nacimiento del rego Barral».

ECOLOXISTAS EN ACCIÓN: «PONE EN CAUSA EL PROYECTO»

Ecoloxistas en Acción recibió notificación de este escrito de Fiscalía la semana pasada e interpreta que «pone en causa el proyecto de reapertura de la mina».

Esta asociación indica en un comunicado que, junto a la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non, solicita a la Xunta que retire al proyecto de reapertura de la mina la condición de interés estratégico «y proceda a su archivo».

RUEDA: «DESCONOZCO SI HAY CONEXIÓN»

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado sobre esta cuestión en la comparecencia de prensa posterior al Consello, ha afirmado desconocer la decisión de la Fiscalía, por lo que, ha añadido, «poco» puede decir al respecto.

En todo caso, ha defendido que a la Xunta lo que le corresponde es revisar el proyecto que actualmente está presentado «con independencia de sus promotores». «Tampoco conozco si hay algún tipo de conexión, así que poco puedo decir», ha zanjado.