El Gobierno ha asegurado que se han trasladado 1.000 menores migrantes no acompañados desde 2022, el 52% de los pactados con las comunidades autónomas en los tres últimos años. Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en declaraciones a medios en el Ministerio de Juventud e Infancia, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y Junts para reformar la Ley de Extranjería y repartir a menores migrantes no acompañados.

En este sentido, la ministra ha recalcado que el real decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros lleva acompañamiento financiero para los territorios y ha añadido que busca también la «complicidad» de las comunidades autónomas. «Aunque es verdad, que sitúa también un marco de obligado cumplimiento que tiene que ver con la necesaria acogida. Estamos ante un fenómeno que es nuevo, que requiere, por tanto, la intervención del conjunto del país y en ese sentido nos hemos puesto a trabajar también con un ajuste del marco normativo que permita asumir un desafío nuevo como sociedad y hacerlo en base a derechos», ha subrayado.

El Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros. En esta línea, Rego ha detallado que esta dotación económica es «un apoyo a la sobreocupación y al traslado» de los menores migrantes. «Nosotros hemos hecho una estimación al alza, de tal manera que nos dé una cierta flexibilidad. Luego tenemos que ver cómo se estima la sobreocupación. Esto tiene que ver con el desarrollo reglamentario, con fijar esa cifra y con ver cómo se hace sostenible todo el sistema. Podríamos encontrarnos una situación en la que no haga falta trasladar a tantos niños o los que se asuman más niños por parte de alguno de los territorios de llegada. Eso es lo que hay que ver luego con la letra pequeña para poder cuantificar, si me lo permitís, y dimensionar correctamente los sistemas de acogida», ha asegurado para añadir que «ningún sistema de acogida que se vea sobreocupado va a quedarse sin apoyo financiero».

En cuanto a la cifra de menores migrantes no acompañados que debería acoger cada comunidad, Rego ha dicho que el registro de estos niños y adolescentes es «variable» y «complicado». Uno de los elementos que contempla precisamente el real decreto-ley es un tiempo hasta el 31 de marzo para actualizar los datos y a partir de ahí hacer una estimación «muchísimo más precisa».

También se ha referido a los criterios para repartir a los menores migrantes, «exactamente los mismos prácticamente que vienen funcionando desde el año 2022 y que se asumieron por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial».

Los criterios que fija la propuesta van en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

«Ahora estamos en el tiempo de una vez aprobado el real decreto-ley de tener un tiempo para la comunicación de los datos y poder dimensionar correctamente el sistema de acogida. Esto que parece algo obvio estaba siendo bastante complicado de gestionar, por tanto, ahora vamos al tiempo de revelar los datos y ponerlos encima de la mesa para poder, con esos criterios ya aprobados, hacer una propuesta», ha explicado la ministra.

EL ACUERDO SE ABORDARÁ EN LA PRÓXIMA CONFERENCIA SECTORIAL

La ministra también ha indicado que la propuesta se va a llevar a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y de Adolescencia, donde el Gobierno la abordará con las comunidades autónomas. Si bien, Rego ha añadido que en caso de que en la Sectorial no se apruebe por mayoría absoluta, igualmente, sería «de obligado cumplimiento». «Pero evidentemente va a haber un debate, se va a trasladar a la conferencia sectorial», ha matizado.

Finalmente, la ministra ha dicho que se trata de un sistema que contempla necesariamente esta flexibilidad de llegadas y lo ajusta «año a año». «Yo creo que es un mecanismo bastante garantista. Nos da salida en lo inmediato para acoger a estos niños con derechos y hacerlo de manera equilibrada en todo el sistema de acogida, pero también da derechos y garantiza la participación de las comunidades autónomas a medida que el fenómeno pueda sufrir modificaciones», ha concluido.