El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el arículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como «justa» y «equilibrada».

«Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan empateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años», ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

Torres ha recalcado que los acuerdos anteriores para repartir a menores migrantes «no dieron los frutos apetecibles». En este sentido, ha expuesto que la reforma del artículo 35 es «la mejor opción» y «la más eficiente» ante las respuestas en defensa de los derechos humanos.

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar «por unanimidad» los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Asimismo, Torres ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron en julio del año pasado al Congreso la iniciativa para reformar la Ley de Extranjería, pero no salió adelante porque no contó con el apoyo suficiente. En concreto, Junts, PP y Vox votaron en contra de su toma en consideración. La reforma atiende a una reivindicación de Canarias, que tutela actualmente a más de 5.000 niños y adolescentes.