Los dos acusados de apuñalar y disparar a un joven en el municipio coruñés de Ribeira en 2023 han aceptado una condena de seis años y medio y cinco años de prisión, respectivamente, al alcanzar un acuerdo las partes.

En la vista de conformidad celebrada este lunes en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, la fiscala ha explicado que con el acuerdo alcanzado se modifican varios puntos del escrito inicial.

En concreto, se recoge que ambos procesados cometieron los hechos «a consecuencia de su adicción a las drogas», así como que abonaron 30.000 euros por responsabilidad civil con anterioridad a la celebración del juicio.

Para el primero de ellos, la Fiscalía ha considerado que se debe imponer la pena de seis meses de prisión por un delito de amenazas graves, cinco años por tentativa de homicidio y otro año por tenencia ilícita de armas, mientras que para el otro se solicitaron cinco años de prisión por tentativa de homicidio. Mientras, para los dos acusados de encubrir y ayudarlos a huir se pedían seis meses de prisión.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pedía un total de 60.000 euros, de los que 30.000 ya fueron abonados antes de celebrarse el juicio. Sobre la petición de expulsión del territorio español, la fiscal se ha opuesto en vista del arraigo de los ahora condenados.

Respecto a los dos acusados de encubrirlos, ha considerado que se podría proceder a la suspensión de la pena si no cometen un delito del mismo tipo en un periodo de dos años a contar desde este mismo día.

HECHOS PROBADOS

Tras la postura de Fiscalía, la jueza ha pasado a exponer como hechos probados los recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal, recordando que el 21 de mayo de 2023, a las 03.15 horas, en la calle Diego Delicado de Ribeira, los dos procesados abordaron a una persona y lo amenazaron con un arma.

En ese momento, continúa el relato, intervino un amigo de la víctima para impedir que lo persiguiesen y, tras un forcejeo, lo acuchillaron «usando, con la intención de matar, un cuchillo de grandes dimensiones». Además, cuando trataba de defenderse, el otro procesado «lo apuntó con una pistola y le disparó en el costado izquierdo», dejándole diversas lesiones que obligaron a su traslado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

A continuación, los procesados «huyeron rápidamente» abandonando el cuchillo en el lugar, mientras que la pistola fue arrojada al mar mientras huían, aunque fue hallada por la Policía posteriormente en la zona del Malecón de Ribeira.

Asimismo, contactaron telefónicamente con otro de los implicados, al que contaron lo que acababa de suceder y le pidieron ayuda para transportarlos en su coche para abandonar el país y evitar ser capturados. Además, de camino a Portugal, también contactaron con la mujer que este lunes se ha sentado en el banquillo de los acusados, que los acogió y refugió en su domicilio en Caldas de Reis para pasar la noche antes de partir hacia Oporto, «siendo conocedora de los hechos».

Finalmente, los procesados fueron interceptados por agentes de la Policía en el peaje de la AP-9 a la altura de O Porriño. A todos esto se ha añadido que los dos condenados cometieron los hechos a consecuencia de su adicción a las drogas. También que ambos abonaron al perjudicado 30.000 euros con anterioridad a la celebración del juicio.

PETICIÓN DE SUSPENSIÓN DE LA PENA

La abogada defensora, Carmen Ventoso, ha pedido la suspensión de la pena de uno de los dos condenados, al tener en cuenta «la franja de la pena que lleva cumplida, la atenuante de drogadicción y el arraigo que tiene en España, donde tiene una hija». «Entendemos que procedería la suspensión extraordinaria por la parte de la pena que le corresponde. Además, tiene arraigo laboral, podríamos aportar una oferta de trabajo que supondría la incorporación inmediata», ha añadido.

En esta línea, la letrada ha insistido en que «siendo delincuente primario», procedería la suspensión extraordinaria de la pena aportando la oferta de trabajo.

Sin embargo, la fiscala se ha opuesto a esta suspensión al entender que los hechos probados recogen «una tentativa de homicidio, de la que de forma escasa ha cumplido dos años de condena». También ha manifestado que, «dada la gravedad de los hechos», ni el arraigo ni el contrato de trabajo pueden evitar el cumplimiento de la pena.

Por su parte, la abogada de la acusación ha sostenido que «no es cierto que la responsabilidad civil se haya abonado», ya que, según ha apuntado, «se ha abonado la mitad, 30.000 euros». También ha mostrado su negativa a la solicitud de suspensión de la pena.

Tras todo ello y aceptar los procesados las penas, la jueza ha requerido a la defensa que aporte toda la documentación que pueda para solicitar la suspensión de la pena de uno de ellos, que se decidirá en la sentencia ejecutoria. Del mismo modo, ha avanzado que hará constar en la misma que faltan 30.000 euros por abonar.

La sentencia es firme, ya que, tras llegar a este acuerdo, todas las partes han confirmado en la sala que no recurrirán.

«SATISFACCIÓN» DE LA DEFENSA

En declaraciones a los medios, la abogada defensora, Carmen Ventoso, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado. «Muy muy satisfecha. Es de esas veces en las que uno se siente realizado y ve que su trabajo ha salido bien», ha destacado.

Inicialmente, el Ministerio Público pedía para el principal acusado, autor de los disparos que impactaron en una de las víctimas, 20 años de prisión, mientras que para el otro implicado solicitaba 10 años de cárcel. Para los encubridores reclamaba tres años de prisión y para el herido, que tuvo que permanecer ingresado en la UCI, solicitaba una indemnización de algo mas de 85.000 euros.