La CIG ha convocado varias jornadas de huelga para los trabajadores de residencias y centros de día de titularidad privada en Galicia para los días 10 y 22 de abril, y 7 y 21 de mayo. El principal objetivo de llamar a la patronal a negociar un convenio que incluya mejoras en las condiciones laborales y retributivas, ya que «muchas cobran por debajo del salario mínimo».

Además, el sindicato ha avanzado una manifestación para el sábado 26 de abril en Santiago, a la que llaman a sumarse a asociaciones de familiares y usuarios de geriátricos.

Todo ello se ha avanzado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servizos, Adolfo Naya; la responsable de la CIG en el sector de residencias privadas de Ferrolterra, Beatriz Fernández; y la presidenta del comité de empresa de DomusVi en Ourense, Manuela Doval.

Han acusado a la patronal del sector de negarse a llegar «a ningún tipo de acuerdo ni de propuesta» para renovar un convenio que data del año 2023, un conflicto que lleva «enquistado» desde octubre. Las condiciones actuales, han denunciado, son de «esclavitud» y llevan a las trabajadoras del sector –la gran mayoría son mujeres– a no poder prestar atención a los usuarios de forma «digna».

Entre las principales reivindicaciones están «un salario digno» para no «ir a trabajar por un plato de lentejas». Según sus cifras, del total de 12.000 trabajadoras del sector en Galicia, hay «unas 8.000» que cobran por debajo del salario mínimo.

También demandan tener «cubiertas» las incapacidades temporales, porque ahora mismo enfermar es «un artículo de lujo» para ellas. En este sentido, han relatado que, por ejemplo, si se contagian de covid se les «descuentan» los días de baja del sueldo.

Además, piden que se les reduzca la jornada para «equipararse a la pública» y que se les compensen los festivos, bien económicamente o bien con libranza.

Con todo, los sindicalistas aseguran que «el salario es lo de menos», porque lo que quieren es «trabajar con unas condiciones mínimas». «Para nosotros y para ellos», añaden, en referencia a los usuarios. Tal y como denuncian, las empresas del sector «tratan como números» tanto a los empleados como a los residentes.

«Aquí hablamos mucho de humanidad. Trabajamos con gente mayor, psicológica y físicamente estamos hechas polvo la mayoría», han agregado.

LA CONSELLEIRA, «VICTIMIZADA» POR UNA VIÑETA

Los responsables de la CIG también han dirigido sus críticas hacia la Xunta, dado que la mayoría de empresas del sector cuentan con servicios concertados. Más en concreto, reclaman a la conselleira de Política Social e Igualdade, Farbiola García, que los reciba, «se implique» en el conflicto y medie con la patronal.

«Ya está bien de que se haga la víctima por no se sabe qué cómic», ha espetado Naya, en referencia a la polémica viñeta distribuida por la CIG en la cual aparece la conselleira caricaturizada como una mujer con un bolso de marca y que afirma que le «matan» las rebajas.

Los sindicalistas consideran que García, que «se siente ofendida y victimizada», busca «crear polémica» con este asunto para «no hablar de lo fundamental»: las condiciones de las residencias tanto públicas como privadas.

Asimismo, la central nacionalista ha vuelto a denunciar el ingreso en estas residencias de personas menores de 65 años que padecen dolencias mentales, algo para lo que –afirman– «no están preparados».