El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se ha comprometido, durante un encuentro con los representantes de los sectores de la acuicultura y el marisqueo en la Comunidad, a trasladar sus propuestas sobre el Reglamento General de Costas al Ministerio para la Transición Ecológica.

Sobre esta cuestión, y tras la reunión, la Delegación del Gobierno afirma que se mantendrá el plazo máximo para las concesiones que establece la ley, de 75 años, y recalca que «no existe peligro alguno para las concesiones actuales en Dominio Público Marítimo Terrestre, como las ligadas a la acuicultura o a la depuración de marisco, que mantienen sus condiciones originales intactas».

Al encuentro celebrado en la Delegación del Gobierno, han asistido José Antonio Pérez, de la Federación Galega de Confrarías; Roberto Fariña, de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade); Fernando Otero, de Asociación Empresarial de Acuicultura (Apromar); y Rosana Varela y Miriam Costas, de Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cecopesca).

También han participado el jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil; el director del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Roberto Suárez; la jefa de Gabinete del delegado, María Rivas; y el secretario general de la Delegación, Alberto de la Fuente.

Según precisa la Delegación del Gobierno, el proceso de elaboración de un nuevo Reglamento General de Costas está todavía en fase preliminar, por lo que Losada se ha comprometido a trasladar al Ministerio las aportaciones y demandas planteadas en la reunión.

NUEVO REGLAMENTO

El Gobierno ha empezado a trabajar en un nuevo Reglamento General de Costas «debido a las disfuncionalidades e incoherencias del vigente, de 2014, que desarrolla las leyes de Costas de 1988 y 2013, modificación de la primera y versión definitiva».

Tras consultar con la Abogacía del Estado, «el Ministerio para la Transición Ecológica encontró algunas circunstancias que pretende aclarar en el nuevo Reglamento, con el objetivo de eliminar la incertidumbre actual», explica la Delegación del Gobierno.

«En cualquier caso, no se modificará la legislación y el Reglamento respetará escrupulosamente la misma, por lo que todas las concesiones continuarán con el mismo marco que hasta ahora», añade.

Además, precisa que el Ministerio «pretende evitar las disfuncionalidades señaladas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo con una redacción más clara y específica de la normativa».

«Dentro de esta redacción, y con el objetivo de aportar certidumbre a largo plazo a las empresas, se establecerán los criterios objetivos que modulen y objetiven la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas, frente a los criterios contradictorios actuales que acaban resueltos en la vía judicial», apunta al respecto.