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Xunta y Estado evalúan las condiciones para que el personal de Costas pase a la Administración autonómica

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Representantes de la Xunta y de la Demarcación de Costas han mantenido este jueves una reunión en la que se ha evaluado, entre otras cuestiones, las condiciones para que el personal de la Dirección General de Costas del Estado pase a formar de la Administración autonómica una vez completada la transferencia de las competencias sobre el litoral.

De ello informa la Xunta a través de un comunicado tras el encuentro entre la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, con el jefe territorial del organismo estatal en Galicia, Carlos Gil.

Ambas partes, según el comunicado del Goibierno gallego, «se comprometieron a colaborar para agilizar el traspaso» de los medios humanos y materiales precisos para que la Comunidad gallega pueda ejercer sus competencias sobre el litoral, tal y como las ratificó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida el 23 de abril de 2024.

De hecho, la Xunta tiene el objetivo de que la transferencia se pueda concretar antes de que se cumpla un año del aval que dio el mencionado tribunal a la ley gallega de ordenación y gestión integral del litoral (Loxilga).

En este contexto, la Administración autonómica reivindca que ya ha avanzado en esta cuestión desde hace tiempo. Así, en el último trimestre de 2024 se constituyó una comisión interdepartamental para coordinar la elaboración de las directrices de ordenación del litoral (DOL), así como de los instrumentos que las desarrollarán.

A su vez, se ha avanzado, a través de su sometimiento al procedimiento de consulta pública previa, en la creación del Foro do Litoral, como órgano de asesoramiento.

Asimismo, hasta el próximo 31 de marzo está abierto el procedimiento de consulta para recopilar aportaciones y sugerencias de la ciudadanía, entidades y administraciones en relación a la elaboración y contenido de las DOL, que tienen como objetivo la fijación de los criterios para gestionar las actividades humanas que se pueden desarrollar –y las que no– en la franja costera.

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