El Foro Galego de Inmigración ha emitido un comunicado para denunciar «otro gravísimo caso de explotación laboral de trabajadores migrantes en la provincia de Lugo», después de que la Guardia Civil informara de un operativo desarrollado en una finca agrícola de Begonte, con tres personas investigadas (dos gallegas y otra de origen africano) por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

El Foro ha señalado que esta investigación, que afecta a 82 personas migrantes (fueron identificadas en la explotación sin permisos de residencia o de trabajo), «es un ejemplo concreto y dramático de la grave situación de indefensión» en la que se encuentran estas personas residentes en Galicia y en el resto de España. «Víctimas inocentes de personas y empresas que pretenden aprovecharse de esta situación, pero sobre todos víctimas de la legislación de extranjería», han advertido.

Así, han denunciado que la actual legislación «condena a las personas migrantes a pasar un largo tiempo en situación de irregularidad administrativa», por lo que han reclamado la «concesión inmediata de autorizaciones de residencia y trabajo» para las víctimas de explotación laboral y de otros delitos, de manera que puedan permanecer en territorio español «en condiciones dignas», para que no haya «una doble victimización».

El Foro también ha exigido garantías de que «se aplicará con el máximo rigor la legislación vigente contra las personas responsables de este grave delito», ya que se han visto casos en los que largos procesos judiciales acaban en sentencias «excesivamente leves para este tipo de delitos».

Finalmente, ha pedido la aprobación inmediata de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Regularización Ya’, que está en la mesa del Congreso desde 2023, para regulizarizar la situación de más de medio millón de persona; y han reclamado también que se afronte de manera «decidida y progresista» la modificación de la ley de extranjería, porque el nuevo reglamento aprobado en octubre no evita la situación de irregularidad administrativa de los migrantes durante al menos dos años.