El portavoz municipal del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha reclamado de nuevo la creación de un consorcio o un ente similar con la participación de las administraciones implicadas en la transformación de la fachada marítima de A Coruña.

A esta demanda, tras informarse la semana pasada de los acuerdos de ‘Coruña Marítima’ para definir los futuros usos en la zona de los muelles — tras el traslado de parte de la actividad a Punta Langosteira –, ha sumado que el Estado contribuya con una «cantidad equivalente» a la deuda contraída por la Autoridad Portuaria por la ejecución del puerto exterior, creando además espacios para la innovación y la «economía azul».

«Y si hay vivienda garantizar la titularidad de los espacios y combinar usos residenciales con otros usos y eso pasa por preservar la actividad productiva», ha remarcado para incidir, además, en que debe evitarse una edificabilidad excesiva o promociones para «ricos».

En rueda de prensa, ha abogado de cara a la definición de la fachada marítima por el «máximo diálogo y consenso» no solo con las distintas fuerzas políticas sino también con «el conjunto de la sociedad» y ha destacado la incorporación en el documento de ‘Coruña Marítima’ de propuestas como aprovechar la infraestructura ferroviaria o abordar las «necesidades» en materia de movilidad.

No obstante, ha trasladado su reserva de que se opte «por un concurso con un procedimiento restringido por el peligro que limite la posibilidad de concursar en igualdad de condiciones de expertos locales».

TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

En la misma línea, se ha referido a los puntos sobre la titularidad de los terrenos y cómo abordar la deuda contraída por la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. «Hay contradicciones en el documento de bases estratégicas», ha aseverado para incidir en que «mientras se habla de mantener la titularidad pública de los espacios también se habla de atender a los compromisos y acuerdos de los convenios suscritos para la financiación del puerto exterior».

«Los convenios de 2004 — firmados tras la catástrofe del ‘Prestige’ — deben darse por superados y la deuda debe pasar por la condonación o una solución equivalente», ha insistido para recordar que se hizo con el puerto de Valencia «con un importe superior al de A Coruña y por actividades que nada tienen que ver con la actividad portuaria». Por todo ello, ha asegurado que su posición final se fijará en función de cómo se resuelvan estas cuestiones.