El servicio de consultas sobre vivienda puesto en marcha por la Xunta recibió un total de 109 consultas en 2024, principalmente en relación con impagos de rentas y ocupaciones.
Este martes, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha firmado con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Francisco José Rabuñal, la renovación de este convenio que permite atender estas consultas, el cual incrementa su partida hasta los 61.000 euros.
Este asesoramiento se hace a través del llamado «teléfono antiocupación» operativo durante 24 horas (900 121 221) y la web del propio Consello da Avogacía Galega.
Hay un total de 135 letrados gallegos que colaboran en este servicio de asesoramiento y orientación jurídica para casos de ciudadanos en riesgo de perder su vivienda por una ejecución hipotecaria o a propietarios afectados por ocupaciones.
El presidente del Consello da Avogacía Galega explica que las consultas realizadas se centran fundamentalmente en impago de rentas y en la «lacra social de la ocupación ilegal». No obstante, aclara que los interesados «preguntan de todo» en materia de vivienda.
Rabuñal ha reconocido que, «al principio», la demanda de este servicio era «más escasa», pero «año tras año» va al alza. De hecho, prevé que los recursos «sean escasos» para atender las consultas.
MÁS DE MEDIO CENTENAR DE MEDIACIONES
Este convenio, activo desde 2020, incluyó el año pasado la novedad de un servicio de mediación –a través del Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar)– entre personas en riesgo de desahucio y grandes tenedores de vivienda, con la atención a 53 casos en nueve meses desde abril.
El Colexio de Avogados de Pontevedra fue el que medió en más caso, con un total de 13; seguido de: Lugo, 12; Santiago, 8; Vigo, 6; Ferrol, 5; Ourense, 5; y A Coruña, 4.
La conselleira se ha quejado que esta mediación está incluida en la ley estatal de vivienda y determina que «sean las comunidades autónomas las encargadas de articular este procedimiento», lo que tacha de «un desvarío más» de esta norma que «carga a los propietarios con las obligaciones que carga a los propietarios de las viviendas que desincentiva la puesta en el mercado de viviendas en régimen de alquiler».
