La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de un año y siete meses de cárcel, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, a cada uno de los siete miembros de un clan luso-español que explotaba a compatriotas portugueses.

El tribunal, al igual que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha considerado acreditado que los trabajadores realizaban para los condenados (F.S.M., C.A.B., F.M.A., J.J.P.B., M.A.A., M.N.A.A. y E.H.R.) reparaciones de palés de madera que luego vendían a empresas.

Las jornadas laborales eran «al aire libre, desde las 08,00 o 09,00 horas de la mañana, hasta incluso la caída del sol, sin iluminación ni descanso semanal», por las que recibían «unas remuneraciones mínimas semanales».

La sentencia ratificada por el alto tribunal gallego también les impone la suspensión de dedicarse a la actividad de la madera por el periodo de dos años.

«Es evidente que por muy rudimentario que sea el formato elegido, era el válido y adecuado para generar, en esa ordenación de medios de producción, un beneficio económico a cambio de otorgar a los trabajadores unas condiciones de vida míseras, en medios, protección y retribución», ha indicado el TSXG en el fallo.

HECHOS

Tal como explicaba el escrito de acusación pública, que pedía hasta 18 años de cárcel, los condenados emplearon a varios trabajadores lusos, que estaban en situación de vulnerabilidad e incluso en la indigencia en su país, y los explotaban con jornadas de trabajo de más de 10 horas, durante seis días a la semana, sin vacaciones, y con un salario de entre 20 y 35 euros a la semana.

Los trabajadores explotados no disponían de herramientas ni maquinaria adecuada para hacer su trabajo, eran acomodados en caravanas o camiones abandonados, no recibían atención sanitaria ni equipamiento de seguridad. Tampoco se les proporcionó formación, ni se les dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y los acusados les retenían su documentación.

Estos operarios desarrollaban su labor al aire libre, en zonas que carecían de orden e higiene, por lo que se puso «en grave riesgo su integridad física y salud», según sostiene la Fiscalía que, de hecho, apunta que una de las víctimas sufrió la amputación de una falange cuando manipulaba una sierra.