Europa determinó la existencia de «notables deficiencias» en la aplicación de la normativa sobre seguridad ferroviaria en España con la auditoría que hizo en 2018, a raíz de las denuncias interpuestas por las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, que acudieron a Bruselas invitadas por la eurodiputada del BNG Ana Miranda.

El resultado final de esa auditoría se plasma en un texto con fecha de 2019 que ha conseguido la plataforma de víctimas tras años detrás de ella, y que este jueves ha remitido a los medios de comunicación.

En concreto, la Comisión señalaba entonces que veía «motivo de preocupación el hecho de que los sistemas de gestión de la seguridad de diversas empresas del sector ferroviario en España no se empleen como principal instrumento para el control de riesgos y la mejora permanente de la seguridad del sistema ferroviario, como exige la Directiva 49/2004».

También avisaba de que «no parece existir nexo alguno entre la evaluación del riesgo y la vigilancia» y que «sin vigilancia es imposible saber si el riesgo se encuentra efectivamente bajo control».

«La Comisión estima que las notables deficiencias (…) constituyen un incumplimiento por parte de España de las obligaciones que le incumben» en relación con la mencionada directiva de seguridad.

«CUALQUIERA PUEDE IMAGINAR LO QUE SUCEDÍA EN 2011»

Para la plataforma de víctimas, esta auditoría «es demoledora» y «deja en ridículo» a la Fiscalía, que ha recurrido la condena al exjefe de seguridad de Adif.

«Si en 2018 no se cumplía la normativa, cualquiera se puede imaginar lo que sucedía en 2011 cuando se inauguró la línea, o en 2012 cuando se desconectó el sistema de seguridad», afirma.

CRÍTICAS DE LA PLATAFORMA AL FISCAL

«El fiscal Antonio Roma, con su escrito tratando de exculpar a Adif, no solo hace el ridículo, sino que además no cumple con la obligación constitucional y legal de defender a la sociedad asegurando el cumplimiento de las leyes», critica la plataforma, a través de una nota de prensa.

Añade que «lamentablemente» no les «extraña que el fiscal Roma actúe así», puesto que en una reunión el 1 de junio de 2014 en Madrid en la que víctimas le solicitaron que investigara el cumplimiento de la directiva de seguridad «su respuesta fue que iba a pedir un 40 por cierto más de indemnizaciones».

«El fiscal Antonio Roma no quiso investigar, pero en cambio si trató de comprarnos y silenciarnos. Un títere más al servicio del Estado para ocultar las negligencias, los incumplimientos de la normativa y evitar las responsabilidades políticas», censura.

Tras un largo juicio por el siniestro ferroviario de Angrois, en el que hubo 80 fallecidos y más de un centenar de heridos, la jueza emitió una sentencia con la que condena al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, Francisco Garzón, por 79 homicidios imprudentes (no contabiliza una muerte que sucedió después del accidente).