El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, ha declarado, este miércoles, en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense como investigado por un delito de injurias a un trabajador municipal.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando el regidor publicó en redes sociales un comentario, desde su cuenta, con una foto del trabajador sustraída de su Facebook –una imagen que difundió sin autorización– y a la que añadió un comentario en el que reprochaba que el trabajador «no fichaba» a través del sistema de control horario del Ayuntamiento.

En esa misma publicación el regidor aludía que había mirado el historial del funcionario en el programa para tener esta información. El trabajador se encontraba de baja y por ello no había fichado. La postura del alcalde es que desconocía ese dato.

El alcalde acudió al juzgado acompañado de su abogado, sin hacer declaraciones a los medios. Con todo, el representante de la acusación particular detalló que el alcalde se acogió únicamente a contestar a preguntas de su abogado y de la jueza.

Según ha trasladado el abogado de la acusación particular, el alcalde detalló ante la jueza que fue el autor de la publicación y explicó que «como máximo responsable del ayuntamiento» tiene acceso a los datos de los trabajadores.

Su defensa, ha añadido el abogado del querellante, es que la publicación «es una crítica y no una injuria» a un representante sindical, ya que el trabajador es también delegado sindical de Comisiones Obreras en el ayuntamiento. No obstante, el letrado aclara que en la publicación mencionada «habla textualmente de trabajador del ayuntamiento».

Para la acusación particular «será objeto de decisión judicial» que una autoridad municipal publique datos relativos a los trabajadores y entiende que «la declaración del querellado viene a confirmar los extremos de la querella».

La publicación fue eliminada «dos meses» después, pero para la acusación particular esto «no debería suponer un atenuante». «Ya estaba hecho el daño contra la dignidad de la persona y el trabajador, muestra de ello son las 500 publicaciones que se hicieron, que denigraron a mi representado», ha apuntado el abogado.

«Cuando se insinúa que alguien es un vago y no cumple con su trabajo a cualquiera nos afectaría gravemente», expresó el abogado, al tiempo que pidió que se «depuren responsabilidades», ya que «no se puede permitir» que el máximo representante de un ayuntamiento «dirija comentarios y publique expresiones de tal calado». «Llamar ‘personaje’ a un empleado del ayuntamiento parece que no es el término más adecuado», reprocha el abogado.

La acusación particular considera que el alcalde también incurrió en un delito de revelación de secretos y en un delito contra la integridad moral, por la exposición pública del perjudicado a través del comentario presuntamente difamatorio.

Sin embargo, la magistrada entiende la querella por injurias graves, pero desestima la solicitud de los otros dos delitos. Por ello, la acusación ya avanzó que presentará un recurso.