Según los últimos datos cerrados, de finales de octubre, en Galicia hay 5.746 casos activos en el Sistema Viogén, de los que 2.631 están en A Coruña, 1.754 están en Pontevedra, 802 en Lugo y 559 en Ourense.

De ellos, 60 tienen un nivel de riesgo alto, 937 medio, 2.685 bajo y 2.064 ‘no apreciado’. No hay en estos momentos ningún caso de nivel de riesgo ‘extremo’, de los 31 que hay en el conjunto del Estado. Además, del total de casos activos, 42 involucran a víctimas menores de 18 años.

El Sistema Viogén lleva activo 17 años en España, desde 2007, y ha realizado seguimiento en este periodo a más de 817.000 casos de violencia de género en toda España, de los que 45.329 son gallegos.

En los últimos tiempos, el asesinato de mujeres que estaban incluidas en este sistema –la última víctima en Galicia lo estaba– ha abierto el debate sobre la necesidad de perfeccionarlo.

La última reforma hacía referencia a una de las cuestiones sobre la mesa, la inactivación de casos sin riesgo. También se incide en la necesidad de perfeccionar la valoración de riesgo para hacerla más precisa y, con ello, más segura.

En todo caso, los encargados de aplicarlo defienden el sistema: «Que tenga algún fallo puntual no quiere decir que el sistema no sirva, es importante decirle a las víctimas que no tengan miedo a denunciar». Lo dice, en una entrevista a Europa Press, Sonia Rey Salgueiro, magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña.

Su experiencia en la materia indica que a pesar de que se haya detectado algún fallo, el Sistema Viogén «ha ayudado y ha protegido a muchísimas mujeres» desde su puesta en marcha e implica multitud de variables y agentes en coordinación. Lo más importante: todo el engranaje no puede activarse «si no hay denuncia».

«La denuncia es el elemento sin el que no podemos actuar», señala la magistrada, que también apela a los testimonios de vecinos, testigos e incluso de los agentes policiales para proteger a la víctima en caso de que ésta decida retirar la denuncia o no declarar, dado que se necesita tener indicios de que ha ocurrido el delito para poner medidas.

A pesar de que la piedra angular de este sistema es la valoración de riesgo que se hace según el formulario, Sonia Rey Salgueiro recuerda que hay otros aspectos que influyen en el nivel de protección de la víctima. En este sentido, las medidas judiciales van acorde al nivel de riesgo, pero no están exclusivamente limitadas por él.

«Es lo habitual en un riesgo alto, pero eso no quiere decir que algún riesgo medio o bajo no haya indicios que determinen que se necesita una medida de localización o pulsera», explica la magistrada, que es la que entonces tiene la potestad para activarla.

UNA EVALUACIÓN DE RIESGO Y UN PLAN PERSONALIZADO

La entrada en el sistema, como recuerda la magistrada Rey Salgueiro, arranca con una denuncia de un caso. Esta denuncia, sin embargo, no tiene por qué estar interpuesta por la víctima. Familiares, vecinos, testigos o los propios agentes pueden denunciar episodios violentos y proporcionar los indicios de que el delito ha ocurrido, aunque sea «en el ámbito privado».

El primer paso es determinar el nivel de riesgo, competencia de los agentes que instruyen diligencias, algo que se hace introduciendo ítems en un formulario normativizado que incluye cuestiones como la relación actual con el agresor, la dependencia económica, los antecedentes del agresor, las circunstancias familiares y sociales y aspectos como la reanudación de la convivencia, la retirada de denuncias o la reincidencia.

Con los datos introducidos de cada una de las variables, el Sistema Viogén asigna automáticamente un nivel de riesgo de los cinco existentes: ‘no apreciado’, ‘bajo’, ‘intermedio’, ‘alto’ o ‘extremo’. Estos niveles pueden ser modificados por los agentes pero solo al alza, y debe revisarse periódicamente con nuevas valoraciones.

Los niveles ‘bajo’, ‘medio’, ‘alto’ y ‘extremo’ implican que el caso permanezca en situación de ‘activo’, excepto cuando haya una circunstancia que lo modifique -como que el agresor esté encarcelado o se vaya del país-. Si el nivel de riesgo es ‘no apreciado’, los agentes pueden cambiar los casos a ‘inactivos’ siempre que no haya medidas judiciales de protección en vigor.

Cada uno de los niveles lleva aparejadas medidas policiales de protección -a mayores de las judiciales que se determinen- y las víctimas accederán también a un plan de protección personalizado.

MEDIDAS POLICIALES

En el nivel de riesgo ‘no apreciado’, el protocolo del Ministerio del Interior establece que los agentes informarán a la víctima de sus derechos y los recursos a su disposición y que facilitarán recomendaciones de autoprotección, así como teléfonos de emergencia.

A mayores, en nivel de riesgo ‘bajo’ se facilitarán teléfonos de contacto 24 horas con los cuerpos de seguridad, y se realizarán contactos esporádicos con víctima y agresor. La víctima tendrá también información sobre el servicio de teleasistencia móvil y se le derivará a servicios asistenciales.

En el nivel de riesgo ‘medio’, los agentes realizarán una vigilancia ocasional del domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como de las entradas y salidas de los hijos del colegio, y comprobarán periódicamente que el agresor cumple las medidas. La víctima también tendrá acompañamiento policial para hacer gestiones y, si es necesario, se le recomendará trasladarse a un centro de acogida.

En el nivel ‘alto’, la vigilancia del domicilio, trabajo y colegio será «frecuente» y el protocolo recoge que los agentes insistirán a la mujer sobre la conveniencia de que se traslade a un centro de acogida o domicilio de un familiar. En este nivel, se apuesta por seguimiento del agresor por medios electrónicos –pero no de forma exclusiva– y por contactos esporádicos también con personas del entorno de ambos.

Finalmente, el nivel de riesgo ‘extremo’ implica la vigilancia 24 horas de la víctima. Además, se hará un «control intensivo de los movimientos del agresor» y vigilancia de la entrada y salida de los hijos en centros escolares.

PLAN DE SEGURIDAD PERSONALIZADO

A mayores de estas medidas, cada víctima cuenta con un plan de seguridad personalizado y adaptado a sus circunstancias, que tendrá distintos requerimientos en función del nivel de riesgo del caso.

Las indicaciones van desde que la víctima lleve siempre consigo un teléfono móvil y cree una lista de números de emergencia, en nivel ‘no apreciado’; hasta la instalación de la App AlertCops y la realización de cursos de defensa personal -nivel bajo-.

En el nivel medio, se recomienda a la víctima que lleve siempre consigo una fotocopia de las medidas de protección, que mejore elementos de seguridad en su casa, que identifique a vecinos de confianza con los que acordar señales para pedir ayuda, cambio de número de teléfono y restricción de redes sociales.

En el nivel de riesgo alto, el plan de seguridad incluye medidas como dejar el domicilio, cambiar de rutas para acudir al trabajo e ir acompañada, planificar una rutina de escape de emergencia, así como puntos seguros a los que acudir, tener preparada una bolsa de emergencia y mantener un contacto diario con las fuerzas de seguridad. Las mismas medidas, además de la protección 24 horas, operan para el riesgo ‘extremo’.

En caso de que la víctima tenga hijos menores, el protocolo establece un plan de seguridad también para ellos, que incluye enseñarles a ponerse en contacto con la Policía, mostarles un lugar seguro al que acudir fuera del domicilio o practicar rutas de escape en caso de que haya situaciones violentas.