La ley de impulso demográfico de Galicia ha incorporado un 80% de las 336 alegaciones que realizaron agentes sociales, grupos políticos, sindicatos y particulares, según ha destacado la conselleira de Política Social, Fabiola García, antes de presidir el pleno del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, en el seno del Consello Económico e Social (CES).

Al respecto, en declaraciones a los periodistas, la conselleira ha reivindicado la «mejora» de una norma que resulta «enriquecida gracias a las aportaciones y la participación de toda la sociedad civil».

En total, ha explicado que se recibieron unas 336 aportaciones, elaboradas y realizadas por las distintas entidades sociales, por los grupos políticos, por los sindicatos «y también por muchos particulares».

Un total del 80% de todas estas alegaciones se incorporaron y se valoraron en el articulado de esta ley, «lo que permitió incorporar cuatro nuevos artículos, una disposición y también modificar 29 artículos y cuatro disposiciones».

Por eso, ha trasladado su agradecimiento «a todas las entidades, como la Asociación Galega de Familias Numerosas, Cogami, Rede Galega Contra a Pobreza, la CEG y por supuesto a los partidos, que pueden ver ya hoy su huella en esta ley».

PRINCIPIOS DE 2020

García ha destacado que esta es «una ley gallega de impulso demográfico necesaria para Galicia, para hacer frente al reto demográfico, que tiene vocación de permanencia y de consenso», de ahí que la Xunta «cuente con todos».

Ahora, según ha apuntado, «toca continuar la tramitación de esta ley, en estos momentos en el seno del CES, después se remitirá al Consello de la Xunta para su aprobación y remisión al Parlamento de Galicia».

En cualquier caso, ha avisado de que «paralelamente al trámite parlamentario, la Xunta de Galicia ya empezará a implementar alguna de las medidas previstas en esta ley, que tiene una inversión anual media de 700 millones de euros, teniendo en cuenta unas medidas pioneras como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años para segundos hijos y sucesivos».

Sobre este extremo, ha expresado el «firme compromiso» de la Xunta de seguir «trabajando de cara a la universalización de la educación infantil». Para ello, ha dicho, «Galicia espera contar con el Gobierno de España».

La conselleira ha esperado que el trámite en el CES sea «lo más ágil posible» y ha señalado que cuenta con que en los primeros meses de 2020 «ya esté aprobada definitivamente en el Parlamento de Galicia».