El Colegio de Procuradores de A Coruña y la Fundación Galega contra o Narcotráfico consideran que el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia «pondría en riesgo uno de los pilares de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico en Galicia».

«Al desbaratar una de sus disposiciones la prestación del Servicio de Gestión de Bienes intervenidos al Narcotráfico (SGB) que desde 2014, y de forma pionera en España, realizan conjuntamente las dos instituciones».

El proyecto legislativo, tramitado en el Congreso y que ahora pasará al Senado, «modifica el artículo 636 y deja sin contenido el 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que facultaban a los colegios de procuradores a realizar subastas como entidades especializadas».

«En la práctica, esta modificación impediría al Colegio y a la Fundación gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, imposibilitando la prestación de un servicio especialmente valorado por las unidades policiales y judiciales de Galicia, con el que contribuyen y colaboran eficazmente en la lucha contra el crimen organizado».

Y es que, en un comunicado, afirman que la citada reforma legal «tal y como está redactada en caso de ser definitivamente aprobada, supondría un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico, puesto que dificulta, cuando no impide y ralentiza, la venta de los bienes muebles intervenidos al quedar solo como canal de venta la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado».

El decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Javier Carlos Sánchez García, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, han remitido al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios una carta expresando su preocupación por la modificación legal prevista y solicitando que se deje sin efecto esa disposición en la redacción definitiva de la ley.

Por otra parte, inciden en que la Xunta de Galicia colabora con el Colegio y la Fundación desde hace diez años, «poniendo esta herramienta a disposición de los juzgados y prestando con éxito un servicio que cuenta con el apoyo de todos los actores de la lucha antidroga en la Comunidad gallega».

«El SGB, ahora en peligro, ayuda a agilizar la labor de las unidades judiciales, aporta ingresos directos al Estado a través de la venta anticipada de los bienes bajo autorización judicial, reduce los costes de depósito y fomenta el uso social de los bienes comisados», insisten.