Representantes de los sindicatos CIG, CC.OO, SLG y el Colexio Oficial de Traballo Social han denunciado que la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta para 2025 modifica «por la puerta de atrás» la participación del Consello Galego de Benestar Social que, en opinión de las organizaciones sindicales y del Colexio, se limitará ahora a «emitir dictámenes a instancias de la Consellería».

«Es decir, la Consellería va a someter a opinión del Consello aquellos que le apetezca o ninguno, porque a lo mejor ningún proyecto normativo o iniciativa que considere que tenemos que opinar las diferentes entidades», ha criticado la representante de CC.OO. Maica Bouza.

En una rueda de prensa conjunta celebrada este martes en la sede del SLG, han censurado que a la Xunta «no le interesa que la sociedad gallega opine» sobre cómo realiza la atención a personas dependientes.

Denuncian que el Gobierno gallego utiliza una «ley ómnibus» para cambiar «por la puerta de atrás» leyes «muy importantes para la vida de los gallegos» como, han ejemplificado, la ley 13/2008 del 3 de diciembre de Servicios Sociales y el Decreto 142/2023, del 21 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Así, consideran que la modificación normativa busca «unificar los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y del reconocimiento del grado de discapacidad, posibilitando tramitar y resolver ambos de manera conjunta, recortando inversión en personal, eliminando personal especializado de Trabajo Social y sobrecargando los servicios sociales comunitarios».

«PROBLEMÁTICAS»

Todo ello, según los representantes sindicales y del Colexio, provoca cuestiones «problemáticas», como que la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia pueda solicitarse en un único procedimiento que el reconocimiento del grado de discapacidad, así como que la asistencia para cumplimentar y presentar la solicitud recaiga en personal de las administraciones públicas que se dediquen «a cualquier otro procedimiento administrativo».

Asimismo, señalan que la tramitación prioritaria en casos de emergencia social «no tendrá en cuenta la valoración social realizada por un profesional de trabajo social mediante la elaboración de un informe social motivado».

También subrayan que la aplicación del baremo «debe ser una función exclusiva de los servicios sociales especializados» y, en concreto, de los equipos técnicos de valoración, «que deben ser reforzados y no sobrecargar a las profesionales de servicios sociales comunitarias».

Por otro lado, reprochan que no se concreta la titulación requerida de los profesionales que conformarán los equipos de valoración, «en contra de lo regulado en la actualidad», además de que el «único informe que puede valorar la situación de dependencia o discapacidad» es el Informe Social elaborado por profesionales del sector, «no informes emitidos por servicios sociales».

Por último, critican que el programa individual de atención debe tener en cuenta «las expectativas o necesidades de la persona interesada» y la valoración realizada por las profesionales en sus intervenciones.

Por todo ello, consideran que lo que se incluye en la ley de acompañamiento va a suponer «un nuevo retroceso» en la atención a las personas dependientes en Galicia» y «restringirá» la participación de la sociedad civil en el ámbito de los servicios sociales.