La Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades reconoce que la cifra de 204 aulas cuyo cierre evitó el acuerdo para bajar las ratios –firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT– fue «una estimación» a la vista de los datos del proceso de admisión y matrícula, pero sin existir «un documento con la relación detallada» de colegios que se vieron afectados por la medida.

Así consta en una respuesta de la Subdirección Xeral de Centros a una consulta realizada por la CIG-Ensino, principal sindicato en la enseñanza pública gallega, a través de los mecanismos de las leyes de transparencia.

La organización había pedido a la Administración que le remitiese una lista de esas 204 unidades que, en palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en varias comparecencias públicas, se habían logrado «salvar» este curso con la rebaja de ratios que se aplica de manera progresiva, por ahora solo en 4º de Educación Infantil (3 años).

La Consellería aclara, en el documento que ha hecho público la CIG, que «se trata de una estimación a la vista de los datos que iba proporcionando el procedimiento de admisión del alumnado», que es «dinámico y complejo», para el curso actual.

«El dato facilitado es un dato estimativo resultado de la evolución del procedimiento de admisión y tramitación de las solicitudes tanto de admisión ordinaria, como extraordinaria o de reserva, y de la formalización de matrículas y la composición y estructura de los centros», explica Educación.

Por tanto, la Consellería ha inadmitido la petición del sindicato porque «no existió un documento» con una relación detallada de las unidades que se conservan en cada colegio por la aplicación del acuerdo.

LA CIG EXIGE LA DIMISIÓN DE RODRÍGUEZ

Tras esta resolución a una consulta formulada por el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, el sindicato pide a Román Rodríguez que rectifique públicamente y que considere «su dimisión» por considerar que «mintió» e hizo «propaganda» con esta cifra que repitió en varias comparecencias públicas y que luego «fue reproducida» por las otras tres organizaciones que sí firmaron el acuerdo.

La central nacionalista critica que el conselleiro ofreciese «una información total o parcialmente falsa, sin preocuparse de que tuviese un respaldo en datos que pudiesen hacerse públicos para contraslarlos, lo mínimo que se le puede exigir a un cargo público».