Augas de Galicia acaba de encargar por unos 266.000 euros la revisión de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en las áreas con riesgo potencial y significativo de la comunidad para el ciclo 2028-2033.
Este encargo, que coincide en el tiempo con la gestión de la catástrofe natural de Valencia por la ‘DANA’, se enmarca en la actualización del plan de gestión de riesgo de inundaciones, puesto en marcha hace meses por la Xunta.
La resolución de aprobación del expediente de contratación, en régimen de tramitación anticipada del gasto, consta como firmada digitalmente por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, el pasado martes 29 a las 22,28 horas.
En concreto, el servicio que se encarga está dirigido a revisar los mapas y también a la generación de cartografía de inundabilidad en tramos de menor riesgo de la demarcación hidrográfica de Galicia Costa.
Así lo recoge la web de contratos públicos de Galicia, consultada por Europa Press. A través de ella, el ente público empresarial saca este servicio de apoyo técnico, en concreto por 266.436,43 euros.
En la propia memoria, Augas explica que la ejecución de la prestación objeto del contrato «se centra en la revisión y actualización para el nuevo ciclo 2028-2033 de la segunda fase de implantación de la directiva» comunitaria. El plazo de ejecución del contrato, según especifica, será de 12 meses.
TRES MESES DE CONSULTA PÚBLICA
El pasado 7 de agosto, Augas de Galicia abrió el periodo de consulta pública –por tres meses– del borrador de la revisión y actualización del estudio preliminar del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Galicia Costa.
Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente consultadas por Europa Press precisan que de momento se ha hecho esto último, la evaluación preliminar del riesgo de inundación, y concluye esta semana el plazo de tres meses de consulta.
Lo que este lunes se ha licitado es la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y luego irá la elaboración del plan de gestión de riesgo de inundación. Cada fase tiene tres meses de consulta pública, tal y como resaltan las fuentes del departamento autonómico.
