La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha señalado este viernes que la administración autonómica pondrá en funcionamiento cerca de 450 nuevas plazas públicas de atención a personas mayores en distintos puntos de Galicia en 2025.

Así lo ha explicado en su intervención este viernes en comisión parlamentaria para exponer las cuentas de su departamento para el próximo año, donde también ha reivindicado que el presupuesto de la Consellería alcanzará en 2025 los 1.323 millones de euros, «una subida de un 10%».

En esta línea, ha defendido que Política Social e Igualdade crece «más del triple de lo que crecen los presupuestos de la Xunta» y «casi triplica lo que se dedicaba a estas materias en 2009». Una subida que, para la conselleira, «permitirá seguir aumentando fondos y blindar los servicios sociales, siempre bajo la perspectiva de la igualdad y la equidad».

En el análisis por áreas, Fabiola García ha detallado que la atención a los mayores y la mejora de los servicios sociosanitarios recibirá «más de 600 millones de euros», lo que supone «casi un 12% más», por lo que, ha añadido, «se incrementará también el número de personas atendidas».

Asimismo, ha recordado que se impulsará un plan de choque para «rebajar los tiempos de espera, suprimiendo burocracia, unificando la tramitación de dependencia y discapacidad».

Además, ha mencionado el Bono Coidado no Fogar, con el que el Gobierno gallego pretende aumentar el número de personas atendidas, el Bono Residencia o el servicio de ayuda en el hogar. «Sabemos de su importancia y sabemos que debemos seguir incrementando la colaboración con los ayuntamientos», ha apuntado antes de señalar que en 2025 se incrementará los fondos destinados a este servicio «hasta sumar 140 millones de euros».

En esta línea, ha apuntado que su intención es iniciar una negociación para impulsar una mejora en el SAF, pero «es imprescindible que el Gobierno se implique» y aporte «el financiamiento que debe por ley».

También ha manifestado que se destinarán 5,3 millones a la red de casas del mayor, así como tres millones de euros para ayudar con 12.000 euros anuales a todas las personas diagnosticadas con ELA en la comunidad.

Dentro del área de mayores, ha hecho referencia a las medidas dirigidas a promover un envejecimiento activo y saludable, como es el caso del programa Bienestar en Balnearios.

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

«Una sociedad igualitaria implica que todas las personas tengan las mismas oportunidades, por eso blindaremos nuestras políticas de atención a la discapacidad para hacer de Galicia el mejor lugar para vivir», ha reivindicado para hacer referencia al presupuesto de apoyo a personas con discapacidad, que «aumenta hasta los 176 millones de euros».

En este sentido, ha detallado que los fondos destinados a esta área permitirán «continuar consolidando la Rede Galega de Atención Temperá, que contará con un presupuesto de 6,5 millones y con seis nuevas unidades, así como comenzar los trabajos de campo con profesionales y entidades especializadas para desarrollar a lo largo de la legislatura un servicio de atención post-temprana para niños mayores de 6 años que necesiten este apoyo.

En este contexto, ha subrayado que se pondrán en marcha un total de 110 nuevas plazas públicas de atención con la entrada en servicio del CAPD de Ourense y ha avanzado que la Xunta impulsará «un proyecto residencial piloto único especializado» en el municipio lucense de Friol para la atención de personas con autismo. Una iniciativa que, ha destacado, «permitirá incrementar las plazas y consolidar el rural».

Por otro lado, ha afirmado que mantendrá el presupuesto de la Risga, «atendiendo a todos los que la solicitan» y «apuntalando el complemento autonómico a las pensiones no contributivas».

También ha señalado que se «reforzarán» las ayudas a entidades sociales a través de una orden específica a través de la casilla del IRPF para «seguir promoviendo medidas ambiciosas contra la desigualdad».

En el apartado de conciliación y corresponsabilidad, Fabiola García ha expuesto que pondrán en marcha un programa de impulso en estos ámbitos. Más de 140 millones, ha relatado, que «situarán a Galicia como referente a nivel nacional en conciliación», con programas como las Casas Niño, el Bono Concilia o el Plan Corresponsables, entre otros.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, la conselleira ha explicado que se incrementarán recursos hasta alcanzar los 28,3 millones de euros, con ayudas directas, medidas de acompañamiento e integración, así como relacionadas con la inserción laboral.

En esta línea, ha avanzado que a principios del mes de diciembre estarán operativos los cinco centros de atención 24 horas que atenderán los 365 días del año.

«La lucha contra la violencia de género también ira acompañada de refuerzo de las políticas de igualdad, una cuestión central, base de cualquier sociedad, un ámbito en que Galicia es también pionera», ha aseverado.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con infraestructuras, la responsable de Política Social ha destacado las residencias de mayores públicas que la Fundación Amancio Ortega entrega a la Xunta, señalando que la de Pontevedra será recibida este mismo mes y las de A Coruña y Ferrol se pondrán en marcha en 2025.

También ha avanzado que se destinarán 1,3 millones de euros a rehabilitar en Lugo el edificio de la Rampa de Claudio López para destinarlo a la creación de un centro integral de atención a la salud mental.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tras la exposición de la conselleira, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha pedido que «no se olvide de Ourense», ya que, en su opinión, la provincia «necesita de una discriminación positiva por los datos objetivos de que en su población un alto porcentaje necesita de todo tipo de servicios» relacionados con esta Consellería.

Por su parte, la socialista Paloma Castro ha censurado la estructura del departamento que dirige Fabiola García y ha criticado que la ley de inclusión es «siempre» una «promesa», pese a que considera que es «una ley necesaria para establecer los criterios objetivos de inclusión».

«Existen mas de 100.000 gallegos menores en riesgo de exclusión», ha expuesto la parlamentaria del PSdeG, que también ha demandado al Ejecutivo autonómico que adapte la Risga «al contexto actual» y que realice «las modificaciones necesarias» para hacer esta ayuda y el Ingreso Mínimo Vital «compatibles».

También ha reprochado estas cuentas la diputada del BNG Olalla Rodil, que ha pedido a la conselleira que aclarase cuánto personal se va a contratar para reducir los tiempos de espera de discapacidad y dependencia.

Del mismo modo, ha aprovechado su intervención para cuestionar «quién va a gestionar la red de nuevas residencias construidas», ya que, tal y como ha apuntado, por «la experiencia de los últimos tiempos», con las residencias de Lugo y Santiago, «están en manos de una entidad que ni siquiera es del ámbito». En definitiva, para Rodil, estas cuentas muestran «inercia» y que «no se atiende a realidades urgentes».

En el lado opuesto, la diputada popular Raquel Arias ha celebrado el incremento presupuestario de la Consellería y ha criticado que la oposición «reclame más plazas en Galicia», mientras que en Madrid «no piden a Pedro Sánchez ayuda para cofinanciar esas plazas».

Sobre las críticas por la gestión de las residencias, Arias ha puesto como ejemplo centros de la Diputación de Lugo o de ayuntamientos gobernados por PSOE o BNG. «La izquierda que presume de social cuando es oposición y se olvida de las personas cuando gobierna», ha reprochado.