El juzgado de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha emitido una diligencia en la que se hace constar la firmeza del auto del pasado mes de julio, por el que se acordó el archivo de la causa por la muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera, cuyo cadáver apareció en una cuneta de O Rosal, rodeado de pistas falsas, en mayo de 2002.

Con esta resolución, que certifica un archivo que ya era firme (ninguna de las partes lo recurrió), se pone punto y final definitivo a este proceso de más de 22 años, un procedimiento judicial que pasó por diversas vicisitudes, que estuvo archivado durante 9 años, y que se reabrió en noviembre de 2019.

Solo en esa segunda fase de la investigación judicial se llegó a citar a una persona como imputado por su posible vinculación con la desaparición y muerte de la chica: su exnovio, que declaró por primera vez en calidad de investigado en marzo de 2022, casi 20 después de que apareciera el cuerpo sin vida de Déborah.

Sin embargo, ni su declaración, ni los testimonios de testigos, ni las diligencias practicadas (incluida la exhumación del cadáver de la chica para tomar muestras), lograron concluir indicios claros de la participación del exnovio en el crimen.

Así, en junio pasado, sin que los hechos llegaran a juicio, la magistrada de instrucción decretaba el archivo, al no haber pruebas suficientes contra el único investigado. Según exponía, el acervo probatorio recabado «no es suficiente para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto».

La familia de Déborah Fernández-Cervera ha mantenido siempre que la investigación policial de este crimen ha sido «una chapuza», al menos en sus primeros pasos, los decisivos en este tipo de casos, y también han sido muy críticos con la actuación de la Fiscalía y del juzgado.

Entre las irregularidades que han denunciado, está el borrado de números del listado de llamadas telefónicas de la chica, la manipulación del disco duro de su ordenador, la demora de años en inspeccionar el coche de su exnovio, o la ‘desaparición’ del teléfono móvil de Déborah durante casi 20 años –fue localizado casualmente en 2022, en dependencias policiales de Madrid con motivo de unas obras, aunque sin tarjeta SIM–.