La Xunta blindará a través de la ley que acompañará a los presupuestos de 2025 el acuerdo de reducción de ratios y horarios, así como la prohibición del uso de los móviles en todo el horario lectivo que empezó a implantar en enero de este año.

Así lo ha avanzado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una reunión celebrada con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT, los firmantes del acuerdo de octubre de 2023 cuyas principales medidas se implantaron con el inicio del nuevo curso, en septiembre. Pese a ello, las organizaciones denuncian que hay partes que no se están aplicando o que no se están haciendo debidamente.

El motivo de incluir este «histórico» texto en la ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta para el próximo año es el de darle «el mayor respaldo jurídico posible» y manifestar el «compromiso absoluto» del Gobierno gallego con el mismo, tal y como ha destacado el conselleiro.

Román Rodríguez ha insistido en los beneficios de este acuerdo que suponen «una transformación sin precedentes en el sistema educativo a corto, medio y largo plazo», al reducir el número de alumnos por aula y contabilizar doble o, incluso, triple al alumnado con discapacidad y con necesidades especiales.

En este contexto, la ley de medidas para 2025 incluirá también el calendario de implantación del acuerdo de agrupamientos de aulas en el rural del 2009, uno de los principales puntos de discrepancia entre la Xunta y los sindicatos.

Desde septiembre, sí se estaba aplicando en toda la etapa de Infantil el máximo de 14 niños por cada aula –antes era de 18–, pero no así otros puntos del mismo. Así, la Consellería de Educación confirma que el próximo curso 2025/26 se avanzará en este acuerdo de hace 15 años al aplicarse el máximo de 14 en 1º y 2º de Primaria y de 10 en caso de que en una misma clase se junten niños de Infantil y Primaria.

El resto de cursos «continuarán completándose en los siguientes años», explica la Xunta, que confirma por tanto la aplicación progresiva –con la que no concuerdan los sindicatos– y que justifica que por «diversas situaciones» no se pudo implantar en 2009. «Esto no sucederá ahora dado que queda blindado por ley», asegura el Gobierno gallego.

En lo que respecta a la prohibición de los móviles en los recintos escolares, hasta el momento opera a través de una instrucción remitida a los centros, con un resultado «muy satisfactorio en general» entre la comunidad educativa.

Ahora, esta medida se elevará a ley, que modificará el decreto de convivencia de 2015, para darle «el máximo soporte jurídico» y «ofrecer todas las certezas a los equipos directivos».