El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este lunes de que su Ejecutivo ha acordado, en su reunión semanal, «elevar hasta los 20 millones de euros» el presupuesto inicial del ‘Plan reforza da investigación universitaria’ –puesto en marcha el curso pasado– para que «los campus contraten a 12 tecnólogos más que les apoyen» en su actividad científica.

Una medida que se enmarca, según ha explicado, en la apuesta de la Xunta por «consolidar un sistema de investigación fuerte y competitivo», y que se traduce en nuevas iniciativas como el plan gallego de investigación e innovación que estará en marcha antes de que finalice el año o «la futura Fundación para el impulso de la ciencia» que se creará a lo largo de la legislatura, según anunció la pasada semana.

El Consello da Xunta ha autorizado, así, la firma de una addenda al convenio con las tres universidades gallegas a través del que se puso en marcha esta iniciativa el año pasado. Este nuevo acuerdo, por importe de casi 1 millón, permitirá contratar a 12 tecnólogos más para apoyar la actividad investigadora.

Serán cuatro profesionales para cada una de estas instituciones académicas, que se suman a los 132 ya contratados por las universidades el año pasado al amparo de este plan, un 20% más de lo inicialmente previsto. De este modo, la Universidade de Santiago de Compostela cuenta ya con 58 tecnólogos contratados al amparo de este plan; la Universidade de Vigo, 40; y la de A Coruña, 34.

La nueva ampliación, ha defendido Rueda, supone dar «un paso más» en la apuesta del Gobierno gallego por un sistema de investigación universitario «fuerte y competitivo» con apoyo «estable» en lo que respecta a las estructuras de investigación.

BECAS DE EXCELENCIA PARA LA JUVENTUD EXTERIOR

Por otra parte, el Ejecutivo gallego ha destacado que la formación cualificada impulsada a través de las becas de excelencia para la juventud exterior (BEME) está siendo «una herramienta estratégica clave para el retorno y la integración sociolaboral» de los gallegos y gallegas universitarios que residen en el exterior.

No en vano, ha señalado que alrededor del 80% de los beneficiados se queda en la Comunidad para integrarse en el mercado de trabajo al completar sus estudios.

Así lo refleja el informe de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración analizado por el Consello da Xunta, donde se hace balance de esta iniciativa pionera impulsada por el Gobierno gallego desde 2017. En ella se han invertido 12,3 millones.

Con este programa de becas de la Secretaría Xeral da Emigración –una de las medidas incluidas dentro del paquete de acciones de la ‘Estratexia Galicia Retorna’–, la Xunta oferta a las personas gallegas universitarias residentes en el extranjero la posibilidad de adquirir una especialización académica en alguna de las tres universidades públicas de la Comunidad.

El éxito de esta iniciativa, que va ya por su octava edición, se refleja, según ha informado el Gobierno gallego, en el incremento cada año del número de solicitudes recibidas. En concreto, para el presente curso 2024-2025 se han registrado 619 para las 250 plazas disponibles, triplicando así las peticiones recibidas en la primera edición.

Además, según los datos recogidos de las últimas promociones, destaca el grado de permanencia en la Comunidad –cerca de un 80% de los beneficiados se quedan en Galicia–, «la mayoría de ellos con trabajo y hasta un 40% piensa en emprender».

Asimismo, más de un 90% de las personas que han disfrutado de una beca de este tipo recomendarían a un familiar o amigo vivir en Galicia

REGISTRO DE ENTIDADES

En otro orden de asuntos, el Consello da Xunta ha aprobado el decreto por el que se regula el Registro de entidades incluidas en el sector público autonómico. Un registro que se pone en marcha en el marco de una ley aprobada en 2010 centrada en la organización y el funcionamiento de la Administración xeral del sector público autonómico de Galicia, y el Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la UE.

De este modo, la Xunta aglutinará en un registro propio toda su información pública relativa a las entidades instrumentales que forman parte del sector público autonómico, «garantizando a los ciudadanos el acceso a una información completa sobre los entes públicos autonómicos existentes y su actividad efectiva».