El sector hostelero gallego reclama al Ministerio de Interior que materialice «por escrito» la simplificación del nuevo registro de viajeros o, de lo contrario, avanza que llevará a cabo protestas al considerar que tal y como está planteado en la actualidad es «inviable» al pedir al cliente información «totalmente privada» como sus datos de tarjeta, número de cuenta, y la relación de parentesco entre huéspedes, entre otros.

En concreto, el pasado día 4 de octubre la cartera que dirige Fernándo Marlaska acordó con la patronal de las empresas hoteleras, plataformas digitales, agencias de viajes y alojamientos turísticos que el nuevo registro entraría en funcionamiento el próximo día dos de diciembre, tras sucesivas prórrogas, pero que los empresarios solo tendrían que transmitir a la aplicación ses.hospedajes aquellos datos que ya recaban de forma habitual en el ejercicio de su actividad si están incluidos en catálogo que figura en los anexos del real decreto.

Al respecto, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han apuntado que, tras este acuerdo, elaborarán ahora una orden ministerial, en diálogo con los representantes del sector, para el posterior desarrollo y ejecución del real decreto 933/2021.

Con todo, el sector hostelero gallego asegura estar «expectante» para ver el contenido de este texto y si realmente el Gobierno cumple su compromiso. De este modo, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Césareo Pardal, ha señalado que no estarán tranquilos hasta que esto esté por escrito. «Para este Gobierno lo que hoy es blanco, a los cinco minutos es negro y no nos fiamos», ha afirmado.

En este sentido, el presidente de los hosteleros de Pontevedra, César Ballesteros, sostiene que «está todo en entredicho» a la «espera de lo que realmente aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», pero asegura que «le extrañaría» que el Gobierno siga para delante y «no rectifique». Y es que, en su opinión, se enfrentaría a un reguero de «denuncias», tanto a «nivel internacional como nacional». «Ya se han visto muchas cosas que se pueden declarar iglegales dentro de la propia Unión Europea» en materia de protección de datos, argumenta.

Por su parte, desde la asociación provincial de A Coruña, Héctor Cañete, cree que «no tiene ningún sentido» exigir muchos de los datos que contempla el actual registro toda vez que, además de incumplir la normativa de protección de datos, puede hacer que los hosteleros se enfrenten a graves dificultades para la custodia de datos sensibles de los clientes, como los bancarios, al tener que guardar durante un periodo de tres años información como el número de cuenta o todos los datos de las tarjetas con las que se pagan.

A ello, César Ballesteros avisa también del coste económico que supondrá para las empresas contar con equipos más potentes para la custodia y tramitación de unos datos que, además, quedarán a la expectativa de que el sistema habilitado por el Gobierno funcione correctamente.

AVANZAN PROTESTAS

Así las cosas, Césareo Pardal avisa de que, si no se simplifica este registro, el sector debería salir a la calle a reivindicar que los hoteleros «no son policías de nadie», unas protestas que Cañete también considera que se deberían llevar a cabo si no se materializa el compromiso. «Supondría un grave perjuicio» y dejaría a España en una situación de desventaja respecto a otros países de la Unión Europa.

«Es un escenario que solo se está produciendo en España, y no en Europa y tiene muy difícil encaje en la normativa», incide Ballesteros, que subraya que «los abogados» del sector «están preparados» para presentar denuncias si no se da marcha atrás.

RECOMENDACIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS GALLEGOS

En este contexto, las asociaciones del sector coinciden en recomendar a los establecimientos hosteleros gallegos que «esperen» un tiempo prudencial para empezar a trabajar con el nuevo sistema.

«Vamos a esperar unos días a ver si realmente se materializa el compromiso pues, si a partir del 2 de diciembre no hay una modificación clara por parte del gobierno, todas las empresas de España estarán cometiendo infracciones por no ser capaces de aplicar la norma», apunta el prsidente de los hosteleros de Pontevedra.