El pleno de A Coruña ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, PP y Ciudadanos, una moción de Marea Atlántica en la que se instaba al Gobierno a impulsar una ley de amnistía para los presos catalanes y a iniciar un diálogo para una salida política negociada. El texto de Marea Atlántica únicamente fue respaldado por el BNG.

En la moción, se rechaza «la desproporcionada sentencia del Tribunal Supremo, que pone en riesgo libertades básicas como los derechos de manifestación y libertad de expresión». Por ello, insta al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con las instituciones catalanas en la búsqueda de una «salida política y negociada a la crisis del modelo territorial».

«Y también impulsar una ley de amnistía para poner en libertad a las personas condenadas por la sentencia del Tribunal Supremo», añade. «A golpe de sentencia no se va a resolver la situación catalana», ha expuesto, en el pleno, el edil Alberto Lema. «Cualquier persona sensata sabe que la solución a Cataluña tiene que ser dialogada», ha asegurado, a su vez, el concejal nacionalista Francisco Jorquera.

Frente a ello, el contenido de la moción ha suscitado las críticas de la portavoz municipal del PP, Beatriz Mato. «Invito a los socialistas a que se fijen bien con quién están pactando», ha dicho sobre los acuerdos entre PSOE y Marea Atlántica. «Tenemos pactos con personas demócratas», le ha replicado el portavoz socialista, José Manuel Lage Tuñas, quien ha rechazado la existencia de «presos políticos» en España.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, en la sesión plenaria se ha aprobado, con las abstenciones de PP, PSOE y Ciudadanos, una moción conjunta del BNG y Marea Atlántica en la que se solicita trasladar los acuerdos al Ministerio de Defensa y a la Xunta de Galicia para la devolución al patrimonio de la ciudad de los terrenos de Defensa.

Además, con el respaldo de todos los grupos, y la abstención del PP, se ha dado luz verde a la modificación de las ordenanzas fiscales que, entre otras cuestiones, incluyen bonificaciones para las familias con rentas bajas que no tendrán que pagar por los servicios de depuración, saneamiento y suministro de agua y por la recogida de la basura.