La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denuncian una «maniobra antidemocrática» por parte de la Xunta con el objetivo de «eliminar» parte de las «históricas» 23.000 alegaciones que colectivos y particulares presentaron a principios de año contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), una «macrocelulosa» en «el corazón de Galicia».

En rueda de prensa, sus portavoces, Zeltia Laya y Xocas Rubido, respectivamente, han advertido al Gobierno gallego de que «no podrá callar a todo un país», lema con el que volverán a salir a las calles con el objetivo de «llenar» Santiago de Compostela con una nueva movilización el próximo 15 de diciembre.

Según han explicado, acompañados por representantes de la CIG, el Sindicato Labrego Galego y Adega, la Xunta, en concreto la Consellería de Industria, está enviando requerimientos a asociaciones y ciudadanos en los que insta a justificar la afectación, con el objeto de «alejar» a estas personas y colectivos del proceso de alegaciones.

«Es evidente que con este movimiento que acaba de hacer la Xunta lo que pretende es un objetivo político: alejarnos, eliminar a una buena parte de esas 23.000 personas que alegamos en su día contra este proyecto y contra el de captación y vertido de aguas», ha subrayado Rubido.

«ANTIDEMOCRÁTICO»

Es, según ha criticado, un objetivo «claramente antidemocrático que pretende coartar la participación ciudadana en los procesos ambientales» y lo enmarca «dentro de la línea de actuación de la Xunta».

Además, según ha censurado, incluye un «mensaje subliminal»: trasladar que «el problema de Altri solo es de la zona estrictamente afectada físicamente por la ocupación del territorio». «Cuando todos sabemos que tanto el aire como el agua son autopistas de transmisión de la contaminación», ha evidenciado.

«Todas las actividades se van a degradar porque es evidente que el río se va a degradar», ha incidido el portavoz de esta plataforma, quien, detrás de todo esto, ve la intención del Gobierno gallego de «aplastar los sectores productivos de Galicia: el agroganadero, el pesquero y el marisquero», para lo que «están tomando parte por los intereses de una empresa que viene a chupar los recursos y dejar la contaminación».

«La riqueza la va a llevar para fuera y la mierda nos la va a dejar para nosotros», ha enfatizado.

CAMPAÑA

En este contexto, la portavoz de la plataforma Ulloa Viva ha animado a la ciudadanía a que responda a estos requerimientos. Con una campaña, estos colectivos asesorarán para dar respuesta en demanda de que se dé cumplimiento a la ley y ser «reconocidas como interesadas» en este procedimiento administrativo.

«Aunque no vivamos exactamente pegadas a la fábrica o a priori a la Xunta le parece que no están afectadas –estas personas que alegaron en su día– sí viven en Galicia», ha expuesto Zeltia Laya.

«Cualquier tipo de afectación debe denunciarse. Todas las personas de Galicia están afectadas», ha hecho hincapié.

En este sentido, ha explicado que todos «tienen su derecho de responder a este requerimiento» y seguir adelante con «una alegación para que se sigan considerando como afectadas».

La campaña incluye la disposición a la ciudadanía de una carpeta con información y con la posibilidad de descargar modelos de alegación, «para agilizar esta respuesta». Invitan a apelar a derechos «reconocidos en la Constitución» como el ambiental, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, entre otros.

Hay 23.000 alegaciones que «deben verse reforzadas», a juicio de Laya, tras este proceso, en el que ven «cierta anomalía» y que establece 10 días para responder al requerimiento.

Con el lema ‘La Xunta no podrá callar a todo un país. Altri no’, la campaña concluirá el 15 de diciembre con una nueva manifestación en la capital gallega, para «volver a recordar que el país entero está en contra de esta macrocelulosa».

Sobre esta «anomalía» de los requerimientos, Rubido ha sido claro al ver que la Xunta «utiliza subterfugios legales para eliminar la participación ciudadana», en una «maniobra antidemocrática» con la que «lo que quiere es eliminar si pueden 20.000» de las 23.000 alegaciones presentadas.

«PING-PONG POLÍTICO PARA DESPRESTIGIAR»

Zeltia Laya, a preguntas sobre los pronunciamientos del PPdeG al respecto, ha rechazado por «manida» la acusación de que estos colectivos en rechazo a Altri son «satélites del BNG». «Cuando ellos son los satélites de Altri», ha apostillado Rubido, para quien esta estrategia es «poner una etiqueta que no es de recibo» y la plataforma en defensa de la ría «ha demostrado su carácter plural».

Lo que quieren los populares, en su opinión, es «transformar una lucha social en un ping-pong político para desprestigiar las movilizaciones». «Nosotros hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad», han concluido.