La Fundación Montescola y el Sindicato Labrego Galego (SLG) van a denunciar ante Fiscalía a tres directores xerais de Minas por supuesta prevaricación ambiental en la tramitación de una explotación en Muras (Lugo).

De ello han informado este jueves, justo después de que trascendiese la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la autorización minera otorgada a la empresa promotora, Materiales Cerámicos Materias Primas, S.L., por parte de Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación.

En rueda de prensa, la representante del SLG Margarida Prieto ha destacado que el fallo judicial «hace hincapié en que los derechos se tenían que declarar caducados», puesto que «nunca se solicitó su consolidación». Por ello, «se transmitieron de forma ilegal».

Junto a ella, Joám Evans, director de la Fundación Montescola, ha criticado que es «práctica habitual de la Xunta perpetuar derechos mineros como favor a las empresas para que en cualquier momento se pueda reactivar una actividad minera».

«TIENE QUE SALIR CARO»

Pero, según ha advertido, «este tipo de favores les tienen que salir caro» a «los responsables», de ahí la denuncia ante Fiscalía, que estas organizaciones tienen ultimada y presentarán en los próximos días en Santiago.

Prieto ha censurado que, en el caso de Muras, también hubo «obstáculos para acceder a la información», puesto que colectivos pidieron conocer el expediente pero tuvieron que acudir al Valedor do Pobo dado el archivo y la paralización «sin razón». «Mientras, se estaban preparando todas estas irregularidades», ha considerado.

Por su parte, Evans ha hablado del «carácter sistémico de la corrupción que envuelve a toda la tramitación de proyectos mineros» en la comunidad, por cuestiones que afectan a «prácticamente todos los proyectos de minerales».

Así, ha citado Corcoesto, San Finx y A Penouta, entre otros, y se ha referido a la «avalancha de pronunciamientos judiciales que hacen que no vayan adelante».

El de Muras, ha ahondado, es «un caso más en que la sociedad civil desde el inicio venía advirtiendo de que lo que estaba haciendo la Xunta era ilegal», puesto que «pretendía autorizar una mina a cielo abierto en plena reserva de la biosfera», con un «impacto evidente» y «sin evaluación de impacto ambiental».

Además de la «tentativa de hurtar a la población la posibilidad de participar en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente», el director de esta fundación ha expuesto que «el método fue alegar que una mina que había dejado de funcionar a finales de los 70 nunca había interrumpido su actividad» y que lo que se hacía ahora «era reanudar». «Fue la forma en que se materializó esta presunta corrupción», ha incidido.

Al respecto, ha asegurado que «había informes de funcionarios que decían que no se podía autorizar más que el reconocimiento de la caducidad», pero la Xunta «ignoró esa advertencia».

«Algo que el TSXG no pudo hacer que es depurar responsabilidades penales», ha evidenciado este representante. En este sentido, la fundación que dirige y el SLG lo que buscan ahora es «poner el foco en las irregularidades» y la «corrupción» por «informes que fueron ignorados», por lo que llevarán los hechos ante Fiscalía señalando a los últimos tres directores xerais de Minas y también a funcionarios por supuesta falsedad documental.