La federación de asociaciones de padres y madres de alumnos de centros educativos de la zona de Santiago (Fanpa Compostela) advierten de que emprenderán «más medidas», como movilizaciones, recogidas de firmas e, incluso, una queja ante la Valedora do Pobo, para reclamar a la Consellería de Educación más recursos, especialmente para la atención del alumnado con discapacidad y con necesidades especiales.

Así lo expica a Europa Press la presidenta de Fanpa Compostela, Esther Martínez, después de que el martes hubiese varias protestas de familias, profesores y alumnos en las puertas de colegios de la capital y de municipios cercanos: el CEIP de Pedrouzo de Brión, el CEIP Arcediago de Santiso, los Barouta y Ventín en Ames, A Ramallosa y Calo en Teo, Os Dices de Rois y los colegios de Fontiñas y Quiroga Palacios en Santiago.

Martínez demanda a la Consellería que «dote a estos centros, y a muchos más», de los profesionales necesarios para atender al alumnado como se precisa. En algunos casos se trata de un refuerzo de maestros, mientras que en otros el personal reclamado es el de apoyo, lo que se conoce como PT (pedagogía terapéutica) y AL (audición y lenguaje).

Estos problemas «ya se venían arrastrando», pero parece que «este curso hay una situación más grave». Todo ello, añade la presidenta de Fanpa Compostela, pese a que la Xunta implantó este curso el conocido como Plan Mega (de Mellora Educativa) y la reducción de ratios y horarios firmada el año pasado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT.

Sin embargo, Esther Martínez cuestiona que la Consellería afirme que «se mejora la calidad» de la atención cuando ocurre «todo lo contrario»: «Cuando no se ponen encima de la mesa recursos humanos, es imposible avanzar».

La CIG-Ensino, principal sindicato en la educación pública gallega, se ha sumado a estas protestas y avanza que «continuará apoyando» las que se produzcan para que la Xunta atienda «todas las reclamaciones de personal que demandan los centros».

Para esta central, la «propaganda de la Consellería de Educación sigue chocando de frente con la realidad» en los colegios dos semanas después de que se iniciase el curso. Así, la CIG exige que se acaba con «la política de parches» y que convierta en contratos de interinidad estable los de todos los profesores de apoyo de necesidades especiales incorporados al amparo de los planes ‘Promociona’ y ‘PROA+’, que además están «financiados con fondos europeos y del Ministerio».

«NO SE TOMAN DECISIONES ARBITRARIAS»

Relacionado con estas protestas, este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha respondido dos preguntas orales formuladas por el BNG a propósito de reclamaciones de personal para la atención a alumnado con necesidades especiales en los municipios de Laxe y Rianxo.

Rodríguez ha insistido en que las dotaciones de profesorado se rigen por «criterios técnicos» y «no se toman decisiones arbitrarias». De hecho, ha asegurado que todos los ejemplos leídos en el pleno por los nacionalistas Daniel Pérez y Rosana Pérez cumplen las ratios y con la dotación de personal PT y AL, aunque es consciente «nunca son suficientes».

«Hay una diferencia enorme entre su relato y la realidad», les ha espetado el conselleiro, para acusarles de «manipular conscientemente la realidad» y de «atacar» el sistema educativo. «Cuando se ponen datos encima de la mesa su discurso se diluye como un azucarillo», ha añadido.

Enfrente, los dos diputados del BNG le han acusado de vuelta de mentir y le han recordado las movilizaciones que «se esparcen por todo el país curso tras curso».