El gobierno de Vigo ha rechazado este lunes la creación de una comisión de investigación sobre el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de la parroquia de Matamá y ha pedido respecto a los tiempos judiciales, al haber un proceso en marcha.

Fue el grupo popular el que presentó en el pleno de esta mañana, en el que no ha estado presente el alcalde, Abel Caballero, una moción para instar al Ayuntamiento a crear una comisión especial de investigación para analizar las circunstancias en las que se produjo dicha tragedia. Iniciativa que no salió adelante debido a los votos en contra de los socialialistas, pese al apoyo del PP y del BNG.

En su exposición, el concejal ‘popular’ Miguel Martín preguntó al gobierno local por qué no precintó la autorización si no tenía los permisos necesarios. Además, lamentó que haya pasado más de un mes en el cual los responsables del Ayuntamiento «se han escondido debajo de comunicados de prensa», sin «dar la cara» y tratando de «lavarse las manos» y responsabilizando «primero a la comisión de fiestas y luego a la Policía Local».

Martín también ha recordado que en las fiestas de Santa Ana de Beade el mismo aparato funcionó sin autorización y sin que fuese precintado. «Para qué piden unos requisitos si luego ni se preocupan si funcionan o no cuando no se les da permiso», ha añadido.

Los ‘populares’ han puesto el foco en que otros ayuntamientos gallegos contratan empresas especializadas para asegurar el buen funcionamiento y el cumplimiento de estas atracciones, pero Vigo no. Por todo ello, han solicitado que se cree una comisión de investigación, pidiendo al gobierno local que no se escuden en la existencia de una investigación judicial, ya que se complementarían.

En la misma línea ha hablado el concejal del BNG Felipe Abalde, quien ha lamentado tener que estar debatiendo esta cuestión cuando en una situación de «normalidad» el gobierno municipal ya la habría creado para conocer qué ocurrió en la madrugada del sábado 3 de agosto en Matamá.

Tras criticar los comunicados remitidos por el Ayuntamiento y la falta de «transparencia», al no haber sido enviada toda la documentación solicitada pese a que ya han pasado 38 días, él ha subrayado que «siguen siendo muchas las preguntas sin respuesta».

Por parte de los socialistas, la encargada de defender su posición fue precisamente la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, quien acusó a la oposición de buscar rédito electoral y puso en valor la forma de actuar no solo del gobierno de Vigo, sino de los funcionarios municipales.

Para ella, será la investigación judicial en marcha la que resolverá «todas las dudas que todo el mundo tiene», pidiendo que se respeten los tiempos. Así, los socialistas votaron en contra de la moción, por lo que no salió adelante.