El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha admitido la «tendencia imparable» para que Fiscalía sea la que asuma la «investigación penal, en lugar del juez de instrucción», pero ha sentenciado que una reforma «que supondría una ruptura histórica de más de un siglo no se puede hacer en momentos como el que vivimos».

Así lo ha manifestado con motivo de su participación en el Foro Ideal, promovido por Editorial La Capital, bajo el título ‘Retos y desafíos en el proceso penal español’.

Marchena, conocido por su papel en los juicios del procés catalán, ha incidido en «la velocidad» con la que está cambiando el derecho penal y como ejemplo ha expuesto la Ley de Inteligencia Artificial, «que no contemplaba debates» sobre cómo preservar la propiedad intelectual cuando se delega en algoritmos.

Respecto a las soluciones para los problemas en el ámbito penal, ha expuesto que en España «hay una confianza ciega en las soluciones normativas». «Las leyes solo ofrecen respuesta jurídica a los problemas sociales, pero yo estoy convencido de que la marcha de una institución nunca depende del marco jurídico en el que se desenvuelve el trabajo, sino de la actitud personal con la que se asume algo».

«Esto en muchas ocasiones es lo que falla, vamos a una reforma, se hace la reforma y el problema sigue porque la actitud personal y el compromiso con los valores constitucionales es lo que define el desarrollo de una institución».

«Hoy el fiscal general del Estado ha reivindicado una reforma integral del proceso penal», ha indicado Marchena quien ha reconocido que España «es el único país de Europa en el que investiga el juez instructor, en todos los países europeos investiga el Ministerio Fiscal», ha sentenciado aludiendo, por otra parte, al «matiz» del caso francés.

Y pese a ello ha expuesto que «cualquier reforma que se aborde del Ministerio Fiscal para equipararlo a lo que hay en Europa sería interpretada como una estrategia para tener mayor control de los tribunales».

Todo ello lo ha dicho después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García, haya defendido la urgencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la dirección de la investigación.

Mientras, ha manifestado que se está caminando a «una banalización del debate jurídico». «Claro que sobre la sentencia se puede opinar», ha manifestado pero rechazando comentarios que no son «jurídicamente correctos».