La familia Franco ha logrado aplazar la vista por la ocupación simbólica de la Casa Cornide, en A Coruña, al solicitar que se eleven las penas que el juez pide para los nueve activistas del BNG que protagonizaron la protesta.

En concreto, en septiembre de 2017, un total de nueve activistas vinculados al BNG accedieron al balcón de este inmueble propiedad de la familia del dictador y situado en el centro de la ciudad herculina para exigir su devolución al patrimonio público.

En declaraciones a los medios, el ‘número uno’ del BNG al Congreso por A Coruña e integrante del colectivo ’19 de Meirás’ que protagonizó otra ocupación simbólica en el Pazo de Meirás, Néstor Rego, ha explicado que el juicio fue «suspendido» porque los siete nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que tenía establecido el juez «no era suficiente».

Según ha informado Néstor Rego, la familia del dictador solicita que se les imputen cuatro delitos, «entre ellos alguno que ya utilizó en el caso del Pazo de Meirás» como «violación de morada o delito de honor» que, conforme ha señalado, podrían suponer «penas de hasta 13 años de prisión».

«Nos parece un despropósito desde el punto de vista político y jurídico», ha manifestado Rego, que ha subrayado que el BNG, formación a la que están vinculados los activistas que protagonizaron los actos simbólicos, «no se va a echar atrás».

«Vamos a mantener con firmeza la recuperación de todo el patrimonio robado por el dictador Franco y vamos a plantar cara, incluso este 10 de noviembre para que el BNG pueda ser una garantía firme de la defensa de la democracia y los derechos también en el Congreso», ha subrayado.

RECURSO POR EL PAZO DE MEIRÁS

Además, el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña ha desestimado el recurso de la familia contra la personación del Ayuntamiento de Sada en la demanda interpuesta por el Estado contra los Franco por la propiedad del Pazo de Meirás.

De ello ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que señala que el juzgado desestima el recurso de reposición de la familia contra el auto del día 10 de septiembre por el que se acordaba la intervención del Consistorio y de la Xunta en la demanda sobre la devolución de este bien de interés cultural (BIC).

Según el Ayuntamiento, en su resolución, el juzgado confirma que «el personamiento de ambas administraciones es un derecho reconocido legalmente». «Su interés existe y es perfectamente compatible con la igualdad de armas», indica.

El Consistorio de Sada considera que con este fallo la justicia «echa por tierra el burdo intento» de la familia de «querer apartar al Ayuntamiento de la demanda que tiene como objetivo la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás».