La Plataforma Víctimas Alvia 04155 censura que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «premia» al fiscal del caso Alvia, Mario Piñeiro, con un puesto en el Tribunal Supremo por haber retirado durante el juicio la acusación contra Adif, a pesar de que previamente pedía cuatro años al director de seguridad en el momento del siniestro de tren, Andrés Cortabitarte.

En un comunicado, las víctimas del Alvia reprueban la propuesta de García Ortiz para que Piñeiro pase a formar parte de la sección penal de la Fiscalía del Supremo.

Recuerdan que, justo hace un año, el fiscal Mario Piñeiro retiró la acusación contra Adif «sin ninguna razón de peso». Apuntan que él mismo dijo en sede judicial a los presentes que «probablemente» no había «conseguido» trasladar por qué «antes decía una cosa y ahora otra», y añadió que le había «costado hacerlo».

«La explicación que dimos a este giro de guion era sencilla, el fiscal general, cuyo jefe es nombrado por el Gobierno, estaba acusando a un organismo (Adif) que pertenece al Estado, y al que precisamente defiende la propia Abogacía del Estado, cuyo jefe también lo nombra el Gobierno», relata la Plataforma.

«Por lo tanto, fue una llamada corporativa del fiscal general la causa directa del cambio de criterio del fiscal (Mario Piñeiro), y así lo señalamos, antes de que dijera que no se le entendiera y que le costó hacerlo. Faltaba un dato importante, y es que seguramente en aquella llamada corporativa, Álvaro Ortiz, le prometió el cargo que ahora le otorga, para que le costara menos cambiar de decisión», sostienen las víctimas del siniestro ferroviario en el que fallecieron 80 personas, ocurrido en Santiago en 2013.

Así, enmarcan esta situación en lo que denominan «pacto de la curva» de los diferentes gobiernos para «señalar al maquinista como único culpable». Todo ello mientras los ejecutivos «no han cumplido con la obligación de llevar a cabo una investigación técnica independiente tal y como ha venido reclamando la UE».