Los tripulantes extranjeros del buque MV Karar, abordado en abril de 2020 cuando se dirigía a Vigo con 3,8 toneladas de cocaína, 5 ciudadanos de Bangladesh y 9 de Nepal, han presentado ante la Audiencia de Pontevedra solicitud para obtener un permiso extraordinario de residencia temporal en España, en vista de que el macrojuicio por el transporte de la droga se extenderá, muy probablemente, hasta el año que viene.

Según han confirmado fuentes de la defensa, este trámite se hace al amparo de la ley de extranjería, que contempla la concesión de este tipo de permisos en circunstancias excepcionales, y entienden que los procesados –que reconocieron los hechos en su declaración ante el tribunal– pueden acogerse a esa excepcionalidad. Éstos se encuentran en situación de libertad, con alojamientos temporales gestionados a través de instituciones sociales, pero sin arraigo, sin familia y sin posibilidad de trabajar legalmente.

La ley contempla que «la Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente».

La Audiencia ha trasladado su petición a la Subdelegación del Gobierno que, a su vez, ha dado traslado a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con todo, fuentes consultadas por Europa Press han matizado que el tribunal ha informado de la solicitud a través de un escueto auto y que no se ha presentado ningún informe adicional que avale esas posibles «circunstancias excepcionales».

Los 14 tripulantes estuvieron 4 años en prisión provisional y, durante la celebración del juicio, han sido puestos en libertad al exinguirse el plazo legal máximo para estar en la cárcel sin que haya sentencia condenatoria. Todos ellos han estado compareciendo durante las jornadas señaladas de juicio, desde mediados del pasado mes de abril, pero su situación es compleja ya que, sin autorización legal de residencia y trabajo, sin apenas conocer el idioma, no pueden desempeñar tareas remuneradas, alquilar vivienda o abrir una cuenta bancaria.

Estos ciudadanos de Bangladesh y Nepal reconocieron ante el tribunal que sabían, al salir de Panamá, que el Karar se dirigía a recoger un cargamento de cocaína frente a las costas de Colombia, y luego pondrían rumbo a la ría de Vigo. La Fiscalía pide inicialmente para ellos 13 años y medio de cárcel (y dos multas de 400 millones de euros) como autores del delito de narcotráfico y del delito de integración en organización criminal. La misma pena solicita para el gallego José Manuel B.G., que también viajaba a bordo del Karar con el fin de controlar la droga durante el periplo y que también reconoció los hechos.